A Petro ya le dieron un golpe blando

Cuando el presidente Petro denunció el andamiaje en curso de un Golpe Blando, sectores de la prensa colombiana intentaron desacreditar la denuncia como si se tratara de una pataleta. Pero el presidente Petro tiene razones históricas para hacer esta denuncia. Solo basta con recordar que cuando era alcalde, a Petro los destituyeron y lo inhabilitaron con métodos similares.

En una acción burda, el Procurador fanático religioso y fascista, Alejandro Ordóñez bajo el mando del uribismo, usó la legalidad para matarlo políticamente. La historia del continente también evidencia múltiples Golpes Blandos en la región.

Existe una similitud entre los casos de Brasil, cuando derrocaron a la expresidenta Dilma Rousseff y el que sufrió Petro en la alcaldía de Bogotá. Son golpes de estado con aires de legalidad, sin militares en las calles, pero con medios de comunicación dando un tono de legitimidad al atropello democrático.

En Colombia y Brasil el modus operandi es muy parecido. En el caso de Dilma, el Tribunal de Cuentas de la Unión, que es la Contraloría brasilera -un órgano administrativo-, acusó al gobierno federal de haber realizado una maniobra contable llamada “pedalada fiscal”, que es el lanzamiento contable al año subsecuente del ejercicio fiscal de un pago planificado para ser realizado en el año vigente. Esto nunca fue un crimen, ni un hecho ilegal, ni nada violatorio del orden legal. Esta acción contable no vulnera la constitución, ni es penalizada por la ley. Y si así lo fuera, desde la vuelta a la democracia en el 85, todos los presidentes y los más de 20 mil gobernadores y alcaldes electos popularmente en Brasil hubieran sido destituidos, ya que todos, sin excepción, realizaron la tal “pedaleada fiscal”.

Por arte de magia, la Contraloría brasilera después de 30 años de silencio sobre el tema, decide pronunciarse contra Dilma Rousseff creando así un supuesto argumento legal para que el Congreso brasilero le iniciaran un juicio político y la destituyera.

Por no haber base legal para su destitución, anticipadamente los medios de comunicación agudizaron el clima político violento y adverso en contra de Dilma, de Lula y del Partido de los Trabajadores. Pese a las advertencias de Lula, Dilma no fue capaz de entender y actuar legal y políticamente ante el atropello democrático que estaba por ocurrir.

La cantidad de medias verdades publicadas por los medios de comunicación diariamente crearon un ambiente favorable a que la sociedad brasilera apoyara la destitución, pese a su ilegalidad. Esa es una de las técnicas de comunicación política más aplicadas en el mundo durante esta era de la Pos Verdad: hacer que las personas se desprendan de los hechos, de la verdad, exacerbando opiniones, sensaciones y emociones, totalmente desconectadas de la realidad social y política.

O sea, no importa que sea ilegal la destitución de Dilma, si es que la misma tranquiliza la ansiedad colectiva por, supuestamente, haberle alcanzado la justicia.

Es como si una muchedumbre sale a la calle con sed de venganza y lincha a una persona hasta la muerte, acusada en redes sociales de haber cometido un crimen, y después de enterrada, cuando todos están satisfechos por haber hecho justicia con sus propias manos, descubren que el muerto era inocente, y peor aún, que el crimen nunca ocurrió. La pena de muerte de la democracia con el cadaver insepulto sobre la conciencia de un país que soñaba con el cambio.

En el caso de Dilma, tanto las instancias jurídicas, administrativas y políticas declararon a posteriori que realmente ella no podría haber sido destituida, ya que nunca hubo crimen. Pero el daño al país ya estaba hecho, y los sectores de ultraderecha lograron su objetivo, creando las condiciones para la llegada de Bolsonaro a la presidencia.

El actuar sesgado del CNE colombiano en contra del presidente Petro, emula al de la Contraloría brasilera. Es una instancia administrativa intentando crear un hecho jurídico sin precedentes en el país para que una instancia política como el Congreso destituya al presidente, todo eso inflamado por ciertos sectores de la prensa. Hay un componente que dista entre ambos casos, y que al mismo tiempo aumenta su dramatismo, que es la contradicción entre estabilidad democrática e interminable violencia política.

Colombia es el país más estable de América Latina y el Caribe. No obstante, esa estabilidad ha sido lograda a partir de un exterminio de casi dos siglos, algo singular en la historia del mundo. La mayoría de los muertos son de la tradición política que hoy lidera el presidente Petro. Hasta su victoria, las huestes populares colombianas no habían podido llegar a la presidencia ni por el voto popular, mucho menos por las armas. La oligarquía y sus instituciones no están dispuestas a fortalecer la democracia dirimiendo sus diferencias políticas dentro del Estado Social de Derecho. La tendencia natural de estos sectores es aplicar la ley, los titulares y las balas en contra de todo aquello que no comprenden, justificando una legitimidad que no existe.

A diferencia de Dilma, el presidente Petro sí se anticipó e hizo un llamado a la comunidad internacional advirtiendo que la democracia en Colombia está gravemente amenazada. Es muy peligroso lo que está ocurriendo en el país, y Colombia no puede quedar a merced de la cabalidad solapada de las fuerzas más reaccionarias que no dudarán en utilizar el golpe blando como la opción más viable para volver a la presidencia. En las urnas y en igualdad de condiciones no lo lograrían.

Para que el mundo entienda el nivel de atropello de ese golpe, la Corte Constitucional de Colombia, acaba de declarar inconstitucional la creación del Ministerio de la Igualdad, en el país más desigual del mundo. Parece contradictorio, pero no. Es la ultraderecha utilizando los mecanismos legales para impedir que el presidente Petro logre consolidar con más fuerza el cambio que tanto prometió.