Huelga en ESSA pondría en riesgo a 958.000 usuarios

Bucaramanga.- La huelga en ESSA anunciada por el sindicato Sintraelecol generó alertas jurídicas y técnicas por el posible impacto en la prestación del servicio de energía eléctrica en Santander y otras regiones del país.

La Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA) atiende a más de 958.000 usuarios en 102 municipios y seis departamentos. El anuncio de cese de actividades abrió un debate sobre la legalidad de la medida en servicios públicos esenciales.

La energía eléctrica forma parte del Sistema Interconectado Nacional, red que opera de manera continua e interdependiente. Una afectación en un punto puede tener repercusiones en otras zonas del país.

El exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta advirtió que la situación es preocupante debido al número de usuarios involucrados y al contexto actual del sistema energético.

“El Sistema Interconectado Nacional del cual hace parte la Electrificadora de Santander opera como una partida de ajedrez en donde el movimiento de cualquier pieza altera todo el juego”, señaló Acosta.

Huelga en ESSA y marco constitucional

El artículo 56 de la Constitución Política establece que el derecho a la huelga no aplica en servicios públicos esenciales. Esta disposición fue desarrollada por el artículo 4 de la Ley 142 de 1994, que reconoce el carácter esencial de los servicios públicos domiciliarios.

Según la normativa vigente, la energía eléctrica es un servicio esencial debido a su relación directa con derechos fundamentales y necesidades básicas. El texto constitucional puede consultarse en el portal oficial de la Corte Constitucional de Colombia.

Desde el sector gremial, la Andesco indicó que la operación eléctrica no admite esquemas de “servicios mínimos” sin comprometer la estabilidad del sistema y la seguridad de la infraestructura.

En caso de que un juez laboral declare ilegal la huelga, podrían generarse consecuencias jurídicas directas para quienes participen en la paralización del servicio.

Más información sobre el sector energético y sus implicaciones puede consultarse en la sección Economía de LadoB.

Impacto social y técnico de la huelga en ESSA

Las cifras divulgadas indican que 958.344 usuarios podrían verse afectados, entre ellos más de 243.000 usuarios rurales y 64.833 bajo modalidad prepago.

También se verían comprometidos servicios estratégicos como:

• 517 establecimientos de salud y 71 usuarios electrodependientes.

• 3.492 instituciones educativas y 260 acueductos.

• 28 centros penitenciarios, 288 cuentas asociadas a la Policía y seis aeropuertos.

El sistema eléctrico colombiano enfrenta, además, un déficit cercano al 3 % en energía firme, según explicó Amylkar Acosta, lo que aumentaría la vulnerabilidad ante fallas operativas.

Un antecedente citado es el apagón de 2007, cuando una falla en un transformador en el sector de Torca generó interrupciones masivas en distintas regiones del país, afectando transporte, telecomunicaciones y servicios básicos.

El Sistema Interconectado Nacional funciona mediante procesos coordinados de generación, transmisión, distribución y despacho. Una interrupción parcial puede generar efectos en cadena.

Pliego sindical y situación financiera

El pliego presentado por Sintraelecol asciende aproximadamente a 243 mil millones de pesos, de los cuales cerca de 132 mil millones corresponden a solicitudes salariales asociadas a un incremento del 23 %.

De acuerdo con la información divulgada, en ESSA ningún trabajador percibe salario mínimo. El salario base promedio equivale a 2,25 veces el salario mínimo, y existen bonificaciones adicionales.

El debate también incluye la sostenibilidad financiera de la empresa en un contexto de presiones regulatorias y restricciones de caja en el sector eléctrico.

Entre las posibles consecuencias jurídicas de una huelga declarada ilegal se encuentran:

• Terminación de contratos de trabajo.

• Pérdida de fuero sindical en determinados casos.

• Responsabilidades disciplinarias o administrativas.

El marco legal colombiano protege el derecho de asociación y la negociación colectiva, pero establece límites cuando se trata de servicios públicos esenciales.

La huelga en ESSA abrió un debate sobre la tensión entre derechos laborales y la continuidad de un servicio considerado esencial para la salud, la seguridad y la actividad económica en distintas regiones del país.