Persisten las calumnias de Quintana contra Caicedo
Por: Redacción Lado B.
El abogado Danny Julián Quintana persiste en calumniar al Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar.
El cuestionado exfuncionario del ente investigador olvida que el mismo Hernán Giraldo, alias taladro, confesó la autoría intelectual de esos homicidios junto a Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y a los hermanos Rojas, viejos paramilitares de la Sierra Nevada; ya que para esos tiempos, en su ofensiva por el control de los centros de poder, las AUC tenían sus ojos puestos en la UniMagdalena. Incluso, estos delincuentes declararon que Caicedo también iba a ser ejecutado por su simpatía con la izquierda, aunque no lograron consumar el hecho. A finales de 2020 se señaló al fallecido jefe del clan Gnecco, Jorge Gnecco Cerchar, como autor intelectual de esos homicidios, según versiones del exparamilitar Mauricio de Jesús Roldan, alias Julián, antiguo jefe del Bloque Ariari de las AUC.
Los testigos que se usaron para inculpar a Caicedo admitieron haber sido pagados por el Clan Cotes. El 7 de marzo de 2018, el exparamilitar Adán Rojas Mendoza indicó, en el marco de una de las audiencias de la ley de Justicia y Paz, que los abogados Alex Fernández y Dilia Barón —apoderados de los Cotes y Díazgranados, respectivamente—, le ofrecieron una suma de dinero a nombre de Álvaro Cotes —padre de Luis Miguel ‘El Mello’ Cotes— para que testificara que Caicedo era el determinador de los homicidios de Hugo Maduro, Julio Otero y Roque Morelli. Los abogados le entregaron una parte del dinero prometido ($100.000.000) a un pariente de Rojas. Por lo anterior, se instauró denuncia ante la Fiscalía General por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal en contra de Fernández, Cotes y Barón. Ese mismo año se conoció por parte de la defensa de Caicedo que “en este último episodio, la abogada Barón manifestó algo mucho más grave y con incidencia penal, pues afirmó que Álvaro Cotes y ‘El Mello’ Cotes, le entregarían $ 1.200.000.000 a un Juez, para que en enero o febrero de 2019 dictara medida de aseguramiento en contra del hoy gobernador”. Finalmente, el 31 de octubre de 2019, en una emisora de Santa Marta, Radio Magdalena, Álvaro Cotes calumnió a Caicedo al calificarlo de “asesino financiado por las Farc (en su carrera política) y que tienen que ‘bajarlo’ como sea”.
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Caicedo y su equipo jurídico han sido persistentes en exigir celeridad en el esclarecimiento de estos crímenes, sin embargo, los procesos no avanzan, pese a no existir elementos probatorios serios para seguir inculpándole y a que dichos exjefes paramilitares han aceptado su responsabilidad en los mismos. Así pues, lo que nuevamente trasluce el campo de lo fáctico es que detrás de las sendas investigaciones que le son abiertas hay un ostensible comportamiento inquisidor y vengativo —y no una esencia judicial o penal— de parte de los órganos jurisdiccionales y de control que son manejados por la vieja politiquería colombiana.
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3824008
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Julián Quintana es un jurista cuestionado por sus presuntos delitos. Ha sido sancionado por la Procuraduría por excederse en sus funciones al frente del CTI; es investigado por aparentemente adulterar unas grabaciones en favor del expresidente Uribe en el sonado caso de Manipulación de testigos, por el que Uribe estuvo preso en su finca; Quintana también se vio involucrado en presuntas interceptaciones ilegales a unos periodistas que lo investigaban y por un presunto cartel de corrupción al interior del CTI. Quintana es muy relacionado con funcionarios de todo los niveles del Estado, especialmente de la Costa norte, casualmente, enconados enemigos del gobernador Carlos Caicedo, los mismos a los que Quintana ha ayudado, desde sus trincheras de poder, a atacar al líder de Fuerza Ciudadana.
Evidentemente, Julián Quintana no disimula la animadversión que tiene contra Caicedo, pero lo más grave es que lo calumnia a pesar de las pruebas en su favor, sin duda, para sumarse a la feroz persecución judicial que le ha montado la clase política corrupta que fue desplazada de la Gobernación y de la Alcaldía de Santa Marta por los nuevos liderazgos que se forjan en la región y que se perfilan como mandatarios a nivel nacional.
¿Cuál es el afán de este abogado por calumniar constantemente al gobernador del Magdalena? ¿Qué intereses lo impulsan? ¿Qué hay detrás de su supuesta búsqueda de justicia a la que al parecer él mismo ha violado tantas veces? Son elementales cuestiones que cualquier persona con tres dedos de frente se haría.
