Acción Popular busca frenar proyecto Vive Claro
Contratación directa, falta de licencias y riesgos a la seguridad hacen parte de los argumentos jurídicos de la demanda.
Bogotá.- Una Acción Popular fue radicada ante un Juzgado Administrativo de Bogotá para solicitar la suspensión inmediata del contrato firmado entre la Beneficencia de Cundinamarca y OCESA Colombia S.A.S. para el escenario de eventos Vive Claro.
La acción, promovida por la concejala Quena Ribadeneira y la edilesa Mónica Naar Pardo, cuestiona la legalidad del contrato 78 de 2023 que entregó, bajo figura de arrendamiento, más de 249 mil metros cuadrados del Parque Simón Bolívar para eventos masivos.
Según la demanda, dicho contrato se realizó sin licitación y habría encubierto una concesión, violando lo establecido por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1508 de 2012. Las accionantes pidieron medidas cautelares para suspender los espectáculos programados en el lugar, por considerarlos riesgosos para la seguridad pública.
Irregularidades jurídicas y urbanísticas en el proyecto Vive Claro
De acuerdo con la concejala Ribadeneira, “las irregularidades de este contrato empiezan desde su propia concepción”. Aseguró que la figura de arrendamiento utilizada fue inadecuada para un predio de estas características, y que no hubo un proceso de selección objetiva.
La edilesa Naar Pardo, por su parte, advirtió que ya se realizaron obras en los predios sin contar con licencias de construcción, como cerramientos y estructuras modulares. Un informe de la Alcaldía Local de Teusaquillo concluyó que esas intervenciones requieren permisos técnicos, incluyendo normas de sismorresistencia, que no han sido tramitados.
También se desconoció la competencia del Comité Director del Parque Simón Bolívar, lo que contraviene el Plan de Ordenamiento Territorial vigente. La Curaduría Urbana No. 4 negó expresamente una solicitud de licencia urbanística.
Uso exclusivo del espacio público sin control
El contrato adjudicado en noviembre de 2023 otorga a OCESA el derecho de uso exclusivo por cinco años del espacio, con posibilidad de subarrendar y construir estructuras permanentes. Todo ello por un canon mensual de $361 millones, sin participación en ingresos ni incentivos por desempeño.
Según la demanda, esto afecta principios de moralidad administrativa, libre competencia económica y legalidad urbanística. Además, el contrato se sustentó en un concepto jurídico solicitado por la Gobernación de Cundinamarca sin estudios técnicos independientes.
“Estamos a favor de escenarios que promuevan el disfrute ciudadano, pero no a costa de vulnerar la ley”, expresó Ribadeneira.
Medidas solicitadas por las accionantes contra Vive Claro
La Acción Popular incluye la solicitud de:
- Suspensión del contrato 78 de 2023.
- Terminación anticipada del acuerdo.
- Intervención de entidades como Alcaldía, IDIGER, Procuraduría, Contraloría, Personería y el Comité del Parque Simón Bolívar.
Las firmantes alertaron sobre posibles perjuicios irreparables al espacio público, la seguridad ciudadana y la transparencia en la contratación estatal.
Para más contexto sobre los impactos urbanos en Bogotá, puede consultar esta nota de Lado B sobre proyectos de ciudad. Además, informes relacionados están disponibles en la página del Ministerio de Vivienda.
