4:25 pm.     5 agosto, 2021

Breve historia de la violencia en Colombia, 1ra parte

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Nota: Este texto tiene aparentes quiebres en el hilo conductor, hechos a propósito por el autor para lograr enlazar ciertos aspectos actuales del poder con sus viejas actuaciones y que merecen un señalamiento más amplio y detenido.

 

Por: Camilo Arteaga Durán (@EpicuroDeSamos_).

 

 

El exuberante mundo que se presentó ante los navegantes ibéricos aquel 12 de octubre de 1492 marcó el inicio de la polifacética transformación de América y sus generaciones de habitantes.  Grupos de humanos nativos, a los que llamaron indios (por haber creído llegar a las Indias), entablaron en principio una relación de cordialidad y hasta de colaboración con los raros hombres, a quienes consideraron enviados de los dioses.  Pero estos hombres blancos y barbados representaban a otros mortales que se desempañaban como reyes de las tierras ubicadas al otro lado del extenso mar.  Su viaje tenía por objetivo hallar oro y especias, tan codiciados en la Europa de entonces.  Los ornatos del precioso metal, que destellaban sobre la piel de los nativos a voluntad de los rayos del sol caribeño, le confirmaban al almirante Colón y a su comitiva que la dura travesía les deparaba recompensa, y se instalaron para explotar el “nuevo” mundo.

 

Los indígenas, conocedores milenarios del Abya Yala (1), eran usados como guías y “tumbadores de monte”, o sea, despejar del suelo la espesura vegetal con el fin de propiciar el desarrollo de la actividad minera y agropecuaria, así como el asentamiento de los advenedizos.  Y con la ambición agitando sus acciones, como dentellada de lobo que tiene prisa por llegar a las vísceras palpitantes de su presa, como diría el poeta (2), más temprano que tarde las tribus resultaron sometidas a sistemas de trabajo forzados, como el “Repartimiento de indios”, una forma de sujeción indígena con rotaciones de los grupos subyugados que le hacían algo menos penosa que la esclavitud, la cual, como método inicialmente implementado, había dejado decenas de miles de indígenas muertos.

 

El repartimiento de indios siguió produciendo una catástrofe demográfica por sus pésimas condiciones humanitarias y por la desprotección inmunológica de las tribus frente a bacterias y virus que llegaron con los españoles.  Esto planteó una disyuntiva a la corona: si continuaba ese ritmo, la mano de obra desaparecería por completo, pero sin ella, las riquezas dejarían de llegar a España.  Procurando dar solución al problema, la corona ordena readaptar —al contexto americano— la Encomienda, una institución con raigambre en la Castilla medieval, con la que los reyes, a través de los maestres de las órdenes militares, concedían territorios, rentas y privilegios a una persona (Encomendero) como premio por una victoria militar o un servicio especial.  De esa manera se concretaba la conquista de la tierra recientemente lograda que, si el caso ameritaba, se repoblaba trasplantando españoles.

 

Un determinado número de indígenas, según la densidad poblacional y otras características, le eran asignados al encomendero, quien tenía la obligación de darles protección y convertirlos al credo católico.  Los indígenas representaban la fuerza de trabajo y la obligación tributaria, el encomendero era el administrador, y el rey, el dueño.  Esta institución había sido ampliamente utilizada en Europa durante la reconquista de la península ibérica contra los Moros y en la ocupación de las islas Canarias, en el siglo XV.  La directriz de evangelizar a los encomendados (indígenas) fue un mandato contenido en las Bulas Alejandrinas, promulgado por el Papa Alejandro VI luego de saber del descubrimiento.

 

El deceso masivo de indígenas no cesaba.  La corona se vio obligada a expedir una serie de legislaciones que prohibían su abuso y maltrato, como las leyes de Burgos de 1512, las leyes nuevas en 1542 y algunas reformas, inicialmente suscitadas por las denuncias de sacerdotes humanistas como Fray Bartolomé de las Casas y Fray Antonio de Montesinos.  En 1549 se ordenó remunerar a los indígenas y no usarlos para trabajos mineros u otros oficios que demandaban mayor riesgo, continuando como vasallos del rey, pero obligados a rendir tributos (impuestos).  Las labores más pesadas debían ser asumidas por las personas de la raza negra esclavizada.

 

Los encomenderos empezaban a tener poder autónomo y ello significaba un peligro para los dominios del rey, estallaron incluso duros enfrentamientos entre esas dos facciones de españoles en distintas latitudes de América.  La Corona se impuso, aunque los encomenderos no se allanaban a los regimientos reales, y el sistema de encomiendas seguía encubriendo una esclavitud cobradora de miles de vidas indígenas.  Ese factor de mortandad sostenida, unido a otros como la monopolización de la mano de obra indígena, fueron decisivos para la decadencia de la Encomienda.  Las nuevas leyes reales fueron menguándole poder al encomendero y flexibilizando las condiciones de vida de los encomendados.  En el fondo, no era el sentimiento humanista el sustrato que impulsaba a la corona a proteger a los indígenas, sino el entender que de nada servían las nuevas tierras conquistadas sino se contaba con mano de obra disponible para explotarlas, así como la intención de preservar los dominios reales frente a la amenaza de los encomenderos.  Incluso se ordenó remunerar a los indígenas, aunque solo con fruslerías.  La lejanía del poder central y el supremacismo imperante de los europeos, hacían que el indígena siga siendo visto como cualquier otro medio de producción. No mediaba distinción entre un indígena, un animal o un objeto.

 

Estos intentaron rebelarse, pero los colonizadores aplacaban los brotes de resistencia —que comenzaban a esparcirse por varios puntos del territorio ancestral— violando a las mujeres, quemando en la hoguera, aperreando, empalando, asesinando a los hombres o sometiendo a su parentela al castigo físico.  A esto le llamaban “Pacificación”.  Esa misma palabra será usada con similares propósitos a través de la historia colombiana y contra sectores de la población oprimida por los detentadores del poder.

 

De gran recordación es el episodio de La Gaitana, una cacica de Timaná (Huila) perteneciente a la tribu de los Yalcones, que en 1532 encabezó un enfrentamiento con los españoles cuando estos, intentando avasallarles, le asesinaron a su hijo Buiponga frente a sus ojos.  La Gaitana logró vengar esa muerte poco después, pero su tribu resultó fuertemente diezmada por el contraataque de los invasores.  De más de trece mil indígenas que habitaban la zona, quedaron alrededor de seiscientos.  La “insolencia de los indios” —como se referían los colonizadores al natural instinto de defensa-supervivencia— fue reprimida con brutalidad.  La Cacica había sido catalogada como hechicera, caníbal, salvaje y otros denuestos, intentando justificar la barbarie.  Hoy en día, esas prácticas de la destrucción moral, la calumnia, la propaganda negra o la estigmatización al opositor político siguen vigentes y potencializadas, y son irradiadas desde el establecimiento como preludio de su exterminio, principalmente a través del cuarto poder: la prensa.

 Cacica la Gaitana. Ilustración.

 

Algo similar pasaba con los palenques, que eran pequeños poblados de grupos afrodescendientes formados a partir de las fugas de las minas y las haciendas esclavistas.  Y aunque la rebeldía de los colonizados y esclavizados era decidida, la confrontación era evidentemente asimétrica, y los arcabuces y las lanzas europeas terminaban imponiéndose sobre las flechas envenenadas de los nativos o sobre las empalizadas de los foráneos mercantilizados del África subsahariana.  Domingo Biohó (“Benkos”) fue un líder de los alzamientos de esclavos cimarrones en 1599, fundador del palenque de San Basilio, un símbolo de la independencia de los esclavos fugitivos.  Los españoles ofrecieron una tregua a la persecución que luego fue incumplida, tomando por descuido a Benkos, condenándole al ahorcamiento y descuartizando su cuerpo. Muchos prefirieron ser devorados por las impetuosas aguas de los ríos antes que vivir encadenados, y se lanzaban desde las embarcaciones. De la historia de una pareja de afrodescendientes, maltratada por esclavistas en Cartagena, le habló al mundo el Joe Arroyo en su tema “Rebelión”, inspirado en los hechos de esas épocas en que su raza dio los primeros pasos hacia la libertad.

 Monumento en honor a Benkos en San Basilio de Palenque.

 

Esa era la dinámica de las sublevaciones en el periodo colonial primario; cualquier conato de alzamiento era inmediatamente apagado mediante el terror expresado en prácticas tendientes a quebrar la psicología de los insurrectos como la vejación pública, el azotamiento o el desmembramiento por efecto de la fuerza de las bestias que tiraban de sus extremidades.  Hubo pues, de parte de los invasores, una política sistemática y premeditada de terror que dio con un genocidio que según estimación de los historiadores bordea los diez millones de aborígenes americanos.

 

El cielo tropical fue testigo de La guerra de los mil días, a finales del siglo XVIII, donde las guerrillas liberales cumplieron un papel determinante. También de la guerra de los supremos o guerra de los conventos, por su dejo católico.  La iglesia era fuerte instigadora de la violencia en Colombia al ver cómo perdía poder sobre los asuntos públicos a medida que la óptica antropocéntrica, catalizada por el indetenible caminar del tiempo, avivaba el fuego de la libertad en los territorios del “nuevo” mundo.  Ocho años después de la disolución de La Gran Colombia, en 1839, estalló este conflicto que tuvo su chispa inicial en la entrada en vigor de una ley preexistente que ordenaba la supresión de monasterios pequeños para destinarlos a la educación pública, provocando la reacción de los sectores más conservadores y tradicionalistas que temían futuras leyes que afectaran sus propiedades.  Ese aspecto religioso era solo la coartada para desencadenarla, pues las motivaciones más hondas subyacían en las tensiones entre oligarquías federalistas y centralistas por el acceso al poder y por la preservación de sus teneres, principalmente de las haciendas y minas esclavistas heredadas desde la Encomienda.  Al final, “los supremos” (caudillos federalistas) fueron vencidos por el gobierno centralista de Pedro Alcántara, instaurando la constitución de 1843, sustancialmente conservadora.

 

Las guerras no daban tregua.  Se suscitarían las de 1851, 1854, 1860, 1876, 1885, 1895 y más de quince guerras regionales e incontables escaramuzas y revueltas, en su inmensa mayoría marcadas por los intereses bipartidistas de siempre y que como corolario perfilarán al país como uno de los más violentos del mundo.  Los liberales y conservadores traían también en su ADN las pugnacidades ideológicas de federalistas y centralistas impelidas por los vientos de la ilustración de la Francia revolucionaria en contraposición a la tradición política, cultural y económica de la España feudal y monárquica que había dejado honda impronta en América.  Los choques políticos entre Santander y Bolívar también pesaron sobre la formación bipartidista, y el conjunto de esas irreconciliables posturas delinearon el tropezado sendero de la balbuceante república colombiana del siglo XIX.   En esos bandos, cincelados con toscas trazas sectarias, quedaron apostadas las masas populares que para ese tiempo sobrepasaban, escasamente, los dos millones de habitantes.  Su animadversión creció hasta la enemistad y esta, al instante del alumbramiento de los partidos, fue malentendida como una especie de aval legal para eliminar al opositor.  El desangramiento de la nación derivado de esas guerras endémicas no parará desde entonces y tendrá como factor decisivo las luchas por un poder político concebido —deformadamente— para el enriquecimiento particular amasado raudamente.  El otro elemento que impulsará las guerras es el del acceso a la tenencia de la tierra, el eje central de la economía que les fue despojado a los nativos por los avasalladores europeos y sus subsecuentes estirpes enquistadas en todas las divisiones del poder estatal; despojo “organizado y legalizado” sin otro criterio más que el del capricho del rey.

 La Patria Boba. Oleo.

 

Influencia de los Estados Unidos de Norteamérica

 

Desde antes de la segunda guerra mundial, la recia disputa por el control de la política y la economía entre las dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, estaba casada.  Durante la conflagración, si bien fueron socios en circunstancias anómalas que gravitaban sobre intereses comunes, no fueron amigos.  Con la derrota del nazismo en Alemania y el fascismo en Italia a mano de los aliados, sobre las ruinas de Europa quedaron robustecidos los dos bloques ideológicamente antagónicos para continuar la guerra entre ellos, esta vez, sin las bombas, las fragatas o las ráfagas de fusil como elementos marciales activos sino a través del juego geopolítico, por ejemplo, con la instalación de gobiernos satélites en distintos puntos de Europa Oriental por parte de la URSS, o con la teoría de la contención, sujeta a la doctrina Truman, que tenía la finalidad de detener la expansión del socialismo especialmente en Europa occidental; o la del enemigo interno, también ideada por EEUU; las más contundentes validaciones de la frase del general prusiano Carl Von Clausewitz: “La política es la continuación de la guerra por otros medios”, ahora en el escenario de lo que la humanidad conoció como “La guerra fría”.  La suerte del mundo quedó sujeta a un nuevo y tenso orden bipolar.

 

Esas doctrinas y estrategias político-militares fueron punta de lanza de guerras subsidiarias como la civil griega, las de Corea, Vietnam, Afganistán, Líbano, Angola, Indo-Pakistaní, Cuba y otros puntos de Centro y Suramérica con mayor o menor influjo de la tirantez entre EEUU y URSS, entremezcladas con los matices de las problemáticas propias de cada país.

 

Colombia no escapará a las dinámicas de la tensión por ser parte del bloque pro estadounidense, del cual, ya desde mediados del siglo XIX, se pueden hallar los primeros vestigios históricos:

 

Ese flirteo dispar de “mutuo beneficio” arrancaba con el fundador del partido Conservador, el legista Mariano Ospina Rodríguez, presidente de la República de La Nueva Granada, y poco después con el académico liberal y procurador general de la nación, Florentino Gonzales, ambos partidarios de la anexión de La Nueva Granada al naciente imperio empotrado frontera arriba del río Grande.  Sus ideas eran bien recibidas en el seno de los industriales de la época, especialmente en los del departamento de Antioquia, siempre bajo la motivación acuciosa de recibir seguridad a su propiedad privada de parte del país que había evolucionado aceleradamente del mercantilismo a una primera y segunda revolución industrial propia y más fructífera que la de su molde inglesa, y que se proyectaba como una potencia regional y mundial en todos los campos.

 

Los temores de los incipientes industriales colombianos y de los sectores conservadores y latifundistas-esclavistas se acrecentaban ante la agitación de los movimientos o alzamientos cívicos, artesanales y campesinos.  Las nuevas constituciones que debilitaban las fibras entre la filiación religiosa católica y la administración estatal, así como el haber logrado la abolición de la esclavitud en 1851, generaron gran descontento en los esclavistas del suroccidente del país, provocando el levantamiento contra José Hilario López y decantando en la primera de tantas guerras civiles que, como mecha de cabestrillo, seguirían estallando una tras otra.

 

“Pasando a ser parte de la Unión Americana, los Estados granadinos se hallarían en la misma condición que los Estados de Nueva York, Pensilvania y los demás de la Confederación, gozarían de la protección que en el exterior puede darle el poder de aquel gran pueblo, y conservarían su gobierno propio, y los medios de mejorar su condición interior, sin los riesgos de esas incursiones vandálicas de que ahora estamos amenazados”, agregando que “para salvarnos de la conquista del Norte” había “que renunciar a la independencia a favor de los presuntos conquistadores”, pues así “perderíamos una nacionalidad nominal para adquirir una real, potente y considerada por todos los pueblos.  Nuestra raza se mezclaría con la raza anglosajona”, eran las lambisconas e indignas frases acuñadas por Gonzales en 1858.  Esa esencia de entrega y subyugación hacia los Estados Unidos será la “norma ética” más resaltada de la clase dirigente criolla a lo largo de su vida republicana.

 

Casi un siglo posterior a la proclamación de la doctrina Monroe, “América para los americanos”, Marco Fidel Suarez recogía en 1918 los postulados de sus antecesores reptantes, y los presentaba ligeramente depurados en su ideario “Respice Polum” (Mirar Al Polo o Mirar al Norte), que vincularía a Colombia con la de la “North Star” (Estrella del Norte) —los Estados Unidos— a través de la geografía, el comercio y la democracia.

 

Las arcaicas concepciones filosóficas y por consiguiente, políticas y económicas de esas castas, nutrieron el caldo de cultivo para las guerrillas y la violencia que ha recorrido paralelamente la historia de Colombia, desde la más vieja a la más actual, donde su esencia se mantiene ilesa aunque perlada de una obligatoria laminilla de modernidad que, en vez de ser una prueba de genuino interés por el bienestar social, viene siendo solo un constitutivo del teatro ofrecido ante el mundo, y al que han titulado “La democracia más antigua del continente”.  Pretendida pero fallida forma de esconder su real y espantosa faceta: La de una tiranía plutocrática decimonónica y asesina, sostenida por el ejercicio de la represión civil mediante las fuerzas paramilitares privadas o mimetizadas en los cuerpos legítimos del Estado y tutelada —a todas luces— por la “Estrella del Norte”.

 

Esa acción tutelar de los voraces Estados Unidos, pactada a altísimos costos, empezará a dar sus grandes dentelladas al pie del siglo XX: En 1903 la influencia norteamericana fue impetuosa en el tema de la secesión de Panamá, un brazo económico que hubiese sido protagonista de primer nivel en el desarrollo de Colombia, pero que la avidez dirigente canjeó por míseras briznas producto del “gran” negocio del canal interoceánico en el istmo: veinticinco millones de dólares de indemnización.  Los propósitos del congreso de Panamá, convocado por Simón Bolívar en 1928, terminaban de hacerse añicos gracias al acuerdo tácito, y a veces promulgado, entre gobernantes gringos y criollos.  “Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miseria a nombre de la libertad”, había visualizado la agudeza mental del libertador. Durante casi un siglo (hasta el año 2000), Estados Unidos usufructuó la zona del canal amparado en el tratado Hay-Bunau Varilla.

 

Antes y durante la entrega de Panamá al naciente imperio, en el gobierno de José Manuel Marroquín, el departamento del istmo, como se le conocía cuando era dominio colombiano, había quedado abandonado y en un estado de ingobernabilidad y debilidad en todos los ámbitos tras la guerra de Los mil días, escenario donde las élites gubernamentales exhibirán otro de sus más marcados rasgos: La traición a los acuerdos de paz y el asesinato de los reinsertados.

 

El general liberal, Rafael Uribe Uribe, una de las cabezas del alzamiento del 20 de octubre de 1899, génesis de aquella guerra, fue acribillado a hachazos pocos años después de ser indultado tras los acuerdos de Neerlandia, Wisconsin y Chinácota, cuando se desempeñaba en cargos públicos desde donde energizó su labor fiscalizadora y aportó invaluables cimientos a la política y la vida nacional moderna que lo entallaron como líder natural para arrebatarle el poder a los conservadores.  Logró el reconocimiento de los rebeldes como fuerzas beligerantes, borrando el calificativo de vulgares delincuentes o bandoleros, como se les tildaba desde el Establecimiento, pero el mismo sino trágico cruzó la vida de muchos compañeros de luchas del general.  ¿No son acaso esas viejas escenas las mismas que se reflejan sobre el actual escenario nacional?  Desde luego, son copia exacta: Pactar la paz para hacer la guerra.  Negociar con el adversario para luego matarlo. Todo, por conservar el poder.

Rafael Uribe Uribe

 

El discurso liberal radical de Uribe Uribe se iba ensamblando con piezas conceptuales del marxismo científico (en pleno auge) y habló de la necesidad imperiosa de una reforma agraria, encaminada a resolver el siempre incólume problema del acceso a la tierra.  Se había opuesto a la intromisión de EEUU en el cercenamiento de Panamá.  Ni las élites locales ni los EEUU —socios por antonomasia— lo veían con buenos ojos, como tampoco verían a Gaitán, a Guadalupe Salcedo, a Jaime Pardo Leal, a Carlos Pizarro, a Iván Marino Ospina, a María Cano Márquez, a Jacobo Prías Alape,  a Aída Avella (atacada con un rocket), a Álvaro Fayad, a Bernardo Jaramillo Ossa, a Luis Carlos Galán, a Leonardo Posada, a Pedro Nel Jiménez, o a cualquiera de los incontables líderes asesinados, integrantes de las guerrillas o de los partidos que amenazaban sus intereses.

 

Es que esa práctica de la eliminación física del rival político no era para nada nueva, ni tampoco nació de la confluencia de dos países en el anticomunismo de motivación compartida, sino que es una herencia palpitante desde los tiempos de la colonización española.  Los alzamientos anteriores a la independencia lo mostraron: 

 

Las bases de la sociedad más golpeada por el régimen, asfixiadas por las cada vez más pesadas cargas tributarias en el avance del reformismo borbón, comenzarían a organizarse en base a una formación militar e ideológica análoga a la de su contraparte pero opuesta en sus fines, como la dirigida por el líder popular José Antonio Galán en las riberas del Magdalena, comenzando la década de 1780, quien también liberó a esclavos en varios puntos del centro del país, uno de los cargos por los que fue condenado a la ahorca y sus partes colgadas en las entradas de las distintas poblaciones por donde pasó conformando su ejército.

José Antonio Galán. Oleo.

 

Las acciones del prócer Charaleño se enmarcan dentro de otros levantamientos simultáneos o rápidamente ulteriores en distintas latitudes de la Nueva Granada como Pasto, Guarne, Neiva, Tumaco, Casanare, Sacaojal, Sopetrán y otros, conocidos como La Rebelión de los Comuneros.  Entre 1750 y 1770 se habían presentado algunos motines contra el monopolio del aguardiente, pero sin la fuerza bélica suficiente para ser considerados verdaderas rebeliones.  La Rebelión de los Comuneros, iniciada en Santander por la heroína Manuela Beltrán, logró la derogación de los altos gravámenes mediante la firma de las Capitulaciones de Zipaquirá, pero fueron incumplidas por las autoridades, ordenando perseguir y matar a los sublevados, declarando infames a sus descendientes, confiscando sus teneres, incinerando sus hogares y regándolos con sal.  Los que corrieron con mejor suerte fueron flagelados o condenados al destierro.  En 1800, grupos de habitantes se revelaron contra la corona española en Túquerres y Guaitarilla, importantes asentamientos indígenas del sur de los Pastos (Actual departamento de Nariño), también azuzados por los incrementos tributarios, hechos que se conocieron como La Insurrección de los Comuneros del Sur.  Los líderes de la revuelta fueron descuartizados y sus partes arriadas por caballos por los pedregosos caminos que hilvanaban villas, aldeas y localidades, a manera de escarmiento y advertencia frente a posibles réplicas.

 Postal Manuela Beltrán . Revolución de los comuneros.

 

En medio de un ambiente encendido por ánimos emancipatorios transcurrió el corto periodo desde la insurrección comunera hasta encontrarse con el año de 1810, cuando, tras el derrocamiento del rey de España por parte del ejército Napoleónico, y luego de la irrupción de las juntas de gobierno locales, se firmó el acta de independencia de Santa Fe, la cual se cristalizaría en su totalidad con la batalla de Boyacá, bajo la capitanía de Bolívar.  Antonia Santos, Policarpa Salavarrieta, Camilo Torres, José María Córdoba, Antonio Nariño, Francisco de Paula Santander, Antonio Ricaurte, son algunos de los próceres más destacados de la independencia, muchos de ellos condenados por la corona española a prisión o a la muerte.

 

Los conflictos de la llamada “patria boba” eran una expresión de las disonancias ideológicas de muchos próceres independentistas, gérmenes de las futuras guerras civiles. El carácter prominentemente burgués de esa independencia significará el continuismo de las clases dominantes, que luego se reasignarán en una composición bipartidista que, aunque de contrastados orígenes, tenían puntos de entendimiento, el más visible: el de combatir a las masas populares cuando amenazaban con afectar los intereses de la oligarquía; allí era donde la táctica política de excluirse entre sí —topando incluso límites despiadados— se orientaba, multiplicada por dos, a combatir al enemigo común.  En los centros urbanos, pero ante todo en los campos, la sociedad colombiana se dividió entre rojos y azules, acostumbrándose a matar y a morir, a veces sin reparar siquiera en las motivaciones del absurdo fratricidio, llevados por la inercia de la brutalidad.  Entre los detentadores del poder político-económico la violencia llegó a ser menos sangrienta, visto que podían ser otros los que muriesen por ellos.  ¿No es esta la misma lógica actual de obligar a los hijos de los pobres a matarse entre sí para cuidar intereses de otras clases, en el marco del conflicto interno armado?

 

La genuflexión ante el imperio estadounidense tampoco hará distinción entre ambos bandos, y solícitos atenderán sus exigencias.  Así pues, las primeras transnacionales gringas pisarán territorio nacional.  Una de ellas, la United Fruit Company, asentada en la región costera norte a finales de 1890, aprovechará las magníficas condiciones de la región insular para el cultivo y exportación de frutas, en especial, del banano, hecho repetido en otros países, encerrados en el apelativo de “Repúblicas bananeras”, que luego tomará significación peyorativa.  En 1928, alrededor de cinco mil trabajadores de esa compañía habían iniciado una huelga reivindicado justos salarios, pagos oportunos, acceso a sanidad y atención frente a accidentes.  Desde el gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez se les había calificado de malhechores y holgazanes; sus reclamos eran desatendidos por completo y al final optaron por enviar al ejército a romper la protesta bajo la orden de abrir fuego.  Un número indeterminado de huelguistas murieron; se habla de entre mil y tres mil, y quienes lograron salvarse fueron encarcelados, perseguidos o desaparecidos.  La matanza sucedió en Ciénaga-Magdalena pero se prolongó durante varios días por la zona bananera, en Sevilla, Orihuela, Riofrío, Guacamayal y otros vecindarios, con fusilamientos y represiones.  Muchos cadáveres fueron lanzados al mar y otros cuantos enterrados en fosas comunes.  Las oscilaciones estadísticas sobre la cantidad de asesinados se deben principalmente al afán del Estado por ocultar la gravedad de los hechos, por banalizarlos o justificarlos, pero esa pretensión sería detenida un año después por las investigaciones y denuncias que sobre esos hechos hizo Jorge Eliecer Gaitán, un joven abogado, líder de la Unión Nacional de la Izquierda Revolucionaria (UNIR) que movilizó a los campesinos en muchas regiones bajo la consigna “La tierra para quien la trabaja”.  “En Colombia hay dos países: el país político que se preocupa por las elecciones, las sinecuras burocráticas, los privilegios y las influencias.  El país político y la oligarquía son la misma cosa.  Y el país nacional, el pueblo que piensa en su trabajo, su salud, su cultura.  Nosotros pertenecemos al país nacional, al pueblo de todos los partidos que luchan contra el país político, contra las oligarquías de todos los partidos”, era la lectura de Gaitán sobre la situación del país en la década del treinta.

Masacre de las Bananeras

 

Las élites político-económicas conformadas por liberales y conservadores se sintieron amenazados por ese hombre de rasgos mestizos y ardoroso verbo que interpretaba a perfección las necesidades y derechos de las mayorías, y que lograba convocarlas por aluviones.  Desataron entonces la persecución: A partir de 1934 los jefes campesinos de la UNIR cayeron bajo los disparos de las guardias regionales financiadas por los latifundistas. Docenas de sus militantes fueron asesinados o desaparecidos y Gaitán se volvió uno de sus objetivos primordiales.  Cuatro años atrás, con la llegada a la presidencia del liberal Alfonso López Pumarejo, se había promulgado la ley 200, que reconocía la función social de la tierra.  Eso exacerbó la violencia, especialmente desde los bloques conservadores-latifundistas.  La iglesia arreciaba su discurso ultraconservador amparándose en el carácter ateo del comunismo que forzadamente extendía al pensamiento Liberal; no en vano fueron algunas de sus famosas homilías y proclamas, como la de que el liberalismo era pecado y la de que matar liberales no lo era; o la de que el progreso causaba “una terrible regresión espiritual de los trabajadores, que se olvidan de Dios para entregarse al baile, al juego y a la fornicación”; y en una sociedad a la cual vio nacer la religión católica y que fue adiestrada con su fusta, sus opiniones contaban como mandatos incontestables.

 

De 1930 a 1946, periodo hegemónico de control liberal, conocido por la historiografía como “República Liberal”, la violencia se tornó más áspera y la situación de orden público era cada vez más alarmante.  El campesinado esperaba que López Pumarejo cumpliera con la reforma agraria pero no lo hizo, y desilusionados tomaron posesión de zonas no cultivadas.  En algunas regiones de la cordillera central fueron constituidas las primeras organizaciones de “autodefensa campesina”, como la Guardia Roja o las Juntas de Colonos, para resistir a los ataques de los militares y de los primeros grupos de paramilitares organizados por los terratenientes, y así mismo, para obtener del gobierno central el reconocimiento de sus derechos a la tierra.

 

Para enfrentarse a las protestas de los trabajadores se constituyeron diversas organizaciones patronales, desde la Federación Nacional de Cafeteros hasta la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y la de ganaderos, Fedegan.  El conservadurismo hacía continuos llamados a la movilización contra los ocupantes de tierras y los ateos (liberales o comunistas) y a la “Revolución en marcha” liberal contrapusieron la “Revolución en el orden”, que de revolución nada tenía.  Lleras Camargo, sucesor de López, se alineó contra los sindicatos y el creciente movimiento obrero y campesino.  En la asamblea de la ANDI manifestó que “a medida que el obrero, urbano o rural, obtiene mejores salarios, asegura el pago de las horas extras, se garantiza contra el riesgo del trabajo y contra la enfermedad y el desempleo, la producción comienza a disminuir su ritmo”. En ese gobierno se declararon ilegales las huelgas y se persiguieron a los sindicatos hasta su exigüidad.  El partido Liberal tampoco tenía nada de liberal, o sí: el nombre.  De allí que Gaitán, de legítima vocación liberal y con algunos matices socialistas, era visto como el seguro presidente de Colombia. Su liderazgo y carisma eran desbordantes, sus análisis de la situación política, económica y social, más que acertados. Después de haber sido congresista, alcalde de Bogotá y ministro, se lanza a la presidencia en 1946, pero las divisiones entre liberales le abrieron el paso al conservador Ospina Pérez.

 

Las matanzas continuaban. Gaitán organizó la marcha del silencio y la de las antorchas como protesta pacífica ante la violencia.  La oligarquía llamaba despectivamente “Chusmeros” y “Cachiporros” a la población más pobre y excluida que veía en Gaitán a un intérprete auténtico de sus afugias, y que lo respaldaba con la intensidad misma de sus anhelos de una mejor vida.  “El indio”, le apodaban las elites, ridiculizadas en sus propios complejos de superioridad, e iniciaban una ofensiva violenta contra los sectores populares gaitanistas, así como una hidrófaba campaña de desprestigio a través de sus siempre consentidos medios de comunicación privados: “comunista”, “populista”, “incendiario”; “un salvaje a la cabeza de una banda de caníbales”.  Pero aquellas maniobras languidecieron frente a la fuerza ciclónica de su liderazgo, que crecía conforme al paso de los días.  Deciden entonces sacarlo definitivamente de la escena política: A plena luz del mediodía del 9 de abril de 1948 y en pleno centro de la capital, es baleado por la espalda.  Moría el hombre que fue recibido como la esperanza popular, y se agigantaba la ya encarnizada violencia.  Los grandes estragos que dejó el Bogotazo serán pequeños en comparación con los que se vendrán para Colombia.


Los EEUU, que ya eran una potencia mundial consolidada, habían advertido sobre la “peligrosidad” de Gaitán a través de su embajador: “Los Estados Unidos deben observarlo con cuidado y tacto.  Puede ser que vuelva al camino correcto y sea de gran ayuda.  También puede convertirse fácilmente en una amenaza, o al menos, en una espina clavada en nuestro costado”.  Bajo el tenor del enemigo mundial (el comunismo) “dispuesto a esclavizar a los pueblos libres”, Washington ideó la doctrina Truman, y diversas regiones del cono sur, entre ellos Colombia, fueron instruidos rápidamente en las técnicas de detección de ese enemigo interno.  La forma de entender la libertad giraba en torno a la defensa del libre mercado y los derechos de la propiedad privada y, por tanto, se convirtió en un pacto de conveniencia económica y política entre élites transnacionales.  La Escuela de las Américas garantizará la fidelidad de buena parte de los ejércitos latinoamericanos a la política exterior estadounidense; desde allí se apoyará las dictaduras militares, los golpes de Estado a gobiernos elegidos democráticamente y se darán lineamientos para la instalación de organismos de inteligencia en cada país. En adelante, el imperio norteamericano regirá los destinos de Latinoamérica con mano dura y fría inteligencia.  Terminaría así de solidificarse la vieja visión yankee: “Latinoamérica es el patio trasero de los Estados Unidos”.

 

Colombia dará a su ideología una marcada tendencia pro estadounidense y en tal sentido, “todo será culpa del comunismo y de sus simpatizantes”, entendiendo el comunismo como cualquier reclamo o reivindicación de los derechos laborales, incluidos los más básicos; toda oposición a este gobierno pro estadounidense, por argumentada que fuera, será reducida a comunista, captada como amenaza y por supuesto, declarada objetivo militar.  Los EEUU brindaban apoyo militar y económico a las elites políticas, y en contraprestación, estas colaboraban con las políticas dictadas por ese país, sin importar el detrimento a las capas sociales ajenas al poder.  El expresidente y embajador en Washington, Alberto Lleras Camargo, había redactado el marco estatutario del TIAR y fue Colombia el primer país en firmar un convenio militar con Estados Unidos bajo la socapa de la seguridad hemisférica.  Para no dejar dudas de la confianza estadounidense en la oligarquía colombiana, se nombró a Lleras Camargo como el primer Secretario General de la OEA.

 

Al asesinato de Gaitán quisieron imprimirle un sello conspirativo comunista —por cierto, muy endeble— para reforzar la propaganda contra esa ideología y trasladar responsabilidades hacia un agente exterior y ajeno a los evidentemente involucrados: las oligarquías nacionales y las norteamericanas.  La pantomima iniciaba con las declaraciones del gobierno: “A Gaitán lo mataron los comunistas” y procedieron a romper relaciones diplomáticas con la URSS, sin ninguna prueba de la gravísima acusación; pero es que a las oligarquías no les interesaba esgrimir razones sino excusas, que se jugaban a tres bandas: Por una parte, para alimentar la narrativa del enemigo externo (comunismo soviético) y su apéndice interno representado en las minoritarias facciones comunistas, en los liberales o en todo aquel que hiciera critica al gobierno o reivindique derechos.  Por otra, para mostrar lealtad y servilismo con sus superiores y protectores: los EEUU; y por otra, para lavarse las manos salpicadas con la sangre del caudillo sacrificado.

 

Si las castas gubernamentales criollas —casi siempre unidas por lazos de sangre— habían expoliado y masacrado históricamente a los sectores populares, ahora, con el poderoso respaldo y la permisividad de la gran potencia mundial, la coacción y la muerte se acrecentarán.  Con la excusa de restaurar el orden público se buscaba en el fondo exterminar las bases populares liberales.  Sin Gaitán como representante de los excluidos, y con la burguesía liberal unida al gobierno de Ospina alrededor de pactos burocráticos (varios ministerios), gran parte de esas bases gaitanistas perecieron en la represión estatal, otras huyeron a la vecina Venezuela y las que sobrevivieron, se adentrarán al monte para resguardarse de la feroz embestida, inicialmente como grupos de autodefensa que paulatinamente cobrarán forma de guerrillas, en su mayoría de extracción campesina y que luego, después de procesos de paz e indultos traicionados desde el Estado, retomarán las armas y terminarán suscritas al marxismo-leninismo como en el caso de las FARC.  Los comunistas fueron el otro sector a quienes se persiguió a muerte.  Las guerrillas liberales más destacadas fueron las del Llano, al mando de Guadalupe Salcedo; las del Tolima, Valle y las de los Santanderes.

El derramamiento de sangre colombiana se llevará entonces a niveles inimaginables, coadyuvado, en gran parte,  por un nuevo y terrible monstruo: El narcotráfico.

Continuará…


 

 

(1) Nombre nativo de América.

(2) Fragmento del poema “El Sueño de las Escalinatas” de Jorge Zalamea.

 

 

6 pensamientos sobre “Breve historia de la violencia en Colombia, 1ra parte

  1. La Constitución de Colombia y este tipo de narrativas, debe ser de obligatoria lectura, en la escuela y la universidad.
    Muchas gracias

  2. Estoy impresionado con su nivel de redacción, exposición histórica y la manera en que muestras de manera muy simple pero trabajada y con Argumentos y hechos históricos una dinámica tan compleja como lo es el conflicto armado colombiano.

    Felicidades, Este texto simplemente vale Oro.

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