Cuando ser pobre es un delito | por Zygmunt Bauman

El siguiente texto de Zygmunt Bauman, fue publicado por primera vez en su libro “Work, consumerism and the new poor”  

Por: Zygmunt Bauman

El ensayo de Mead contra los pobres que «eligieron» no trabajar termina con un enfático llamamiento: «Una política social debe resistirse a la pobreza pasiva con justicia y con firmeza —en gran medida, tal como Occidente contuvo al comunismo — hasta que la cordura se imponga y el sistema combatido se derrumbe por su propio peso ». La metáfora elegida resulta impecable. Uno de los primeros servicios que la clase marginada brinda a la opulenta sociedad actual es la posibilidad de absorber los temores que ya no apuntan hacia un temible enemigo externo. La clase marginada es el enemigo en casa, que ocupa el lugar de la amenaza externa como el fármaco que restablecerá la cordura colectiva; válvula de seguridad para aliviar las tensiones originadas en la inseguridad industrial. 

La clase marginada es particularmente apta para cumplir ese papel. Mead no deja de repetirlo: lo que empuja a los norteamericanos decentes y «normales» a integrar un frente unido contra los desertores escolares, los criminales y los parásitos de la asistencia social, es la horrible incoherencia que perciben en todos ellos: los marginados ofenden los más preciados valores de la mayoría al mismo tiempo que se aferran a ellos, y pretenden disfrutar los mismos placeres de que gozan quienes se los ganaron trabajando. Dicho de otro modo: los estadounidenses normales guardan rencor a los marginados, porque los sueños y el modelo de vida de estos últimos son asombrosamente parecidos a los suyos. Y, sin embargo, esta semejanza no puede ser considerada una incoherencia. Como Peter Townsend apuntó, la lógica de la sociedad de consumo es formar a sus pobres como consumidores frustrados: El estilo de vida de los consumidores es cada vez más inalcanzable para los sectores de bajos ingresos, históricamente definidos por una capacidad fija de compra que les permite asegurar su subsistencia o cubrir sus necesidades básicas. Y, sin embargo la sociedad de consumo educa a sus miembros, precisamente, para vivir esa incapacidad de acceder a los estilos de vida ideales como la más dolorosa de sus privaciones. 

Cada tipo de orden social produce los fantasmas que lo amenazan. Pero cada sociedad genera esas visiones a su propia medida: a la medida del tipo de orden que lucha por alcanzar. En conjunto, esas visiones tienden a ser fiel reflejo de la sociedad que las genera; cuando son amenazantes, sobre todo, suelen ser autorretratos de la misma sociedad pero precedidos por un signo negativo. Dicho en términos psicoanalíticos: las amenazas son proyecciones de la ambivalencia interna de la sociedad con respecto a sus propios modos y medios, con respecto a la forma en que la sociedad vive y se perpetúa. Una sociedad insegura de su supervivencia desarrolla la mentalidad de una fortaleza sitiada. Y los enemigos dispuestos a asaltar sus muros son sus propios «demonios internos»: los temores reprimidos que flotan en el ambiente, que impregnan su vida diaria y su «normalidad» y, sin embargo, deben ser aplastados y extirpados de la vida cotidiana para ser transformados en un cuerpo extraño, si se quiere que la sociedad perdure. Esos fantasmas se convierten en enemigos tangibles a los que es preciso combatir una y otra vez, a los que siempre se esperará vencer. 

Siguiendo la línea de esta regla universal, el peligro que acechaba al Estado moderno, constructor de un orden y obsesionado por él, era la revolución. Los enemigos eran los revolucionarios o, mejor, los reformistas exaltados, descabellados y extremistas, las fuerzas subversivas que intentaban sustituir el orden existente — administrado por el Estado— para cambiarlo por otro, administrado por otro Estado: establecer un nuevo orden, un contra-orden que revertiría todos y cada uno de los principios según los cuales vivía o aspiraba a vivir el orden actual. 

La idea que la sociedad se forma de sí misma ha cambiado desde entonces; en consecuencia, el fantasma amenazante (el orden social con un signo negativo) tomó una nueva forma. El aumento de la criminalidad registrado en los últimos años (un proceso, observemos, producido en forma paralela a la disminución de afiliados a los partidos comunistas y otros grupos extremos, promotores de un «orden diferente») no es resultado del mal funcionamiento o la negligencia de la sociedad, sino un producto propio de la sociedad de consumo; es su resultado lógico y (si bien no lo es legalmente) también legítimo. Más aún: se trata de su producto necesario e ineludible. Porque cuanto más elevada sea la demanda de consumo (es decir, cuanto más eficaz sea la seducción del mercado), más segura y próspera será la sociedad de consumo. Pero simultáneamente crecerá y se ahondará la brecha entre quienes desean y pueden satisfacer sus deseos (los que han sido seducidos y actúan en consecuencia), y quienes también han sido seducidos pero, sin embargo, no pueden actuar del mismo modo. La seducción de mercado resulta así, al mismo tiempo, el gran igualador y el gran separador de la sociedad. El estímulo al consumo, para resultar eficaz, debe transmitirse en todas direcciones y dirigirse, indiscriminadamente, a todo el que esté dispuesto a escucharlo. Pero es más la gente que puede escuchar que la que puede responder al mensaje seductor. Y a quienes no pueden responder se los somete diariamente al deslumbrante espectáculo de los que sí pueden. El consumo sin restricciones —se les dice— es signo de éxito, es la carretera que conduce a la fama y el aplauso de los demás. También se aprende que poseer y consumir ciertos objetos, y llevar determinado estilo de vida, es condición necesaria para la felicidad; tal vez, hasta para la dignidad humana. 

Si el consumo es la medida de una vida de éxitos, de la felicidad y hasta de la dignidad humanas, entonces han caído las barreras que contenían los deseos de los hombres. Probablemente, ninguna adquisición nueva llegue a satisfacernos como en otros tiempos prometía hacerlo el «mantenernos en un buen nivel»: ya no hay nivel en el que mantenerse ahora. La línea de llegada se aleja a medida que el corredor avanza; los objetivos, cuando uno intenta alcanzarlos, se sitúan siempre un paso o dos más adelante. Continuamente caen los récords; ya no parecen tener fin los deseos de los hombres. Deslumbrada y confundida, la gente observa que en las empresas recientemente privatizadas, y de este modo «liberadas» —empresas que se recuerdan como instituciones públicas austeras, donde siempre faltaba el dinero—, los actuales directivos cobran sueldos millonarios, mientras que quienes fueron despedidos de funciones directivas son indemnizados, también con sumas millonarias, por su trabajo chapucero y descuidado. De todos lados, por todos los medios, llega alto y claro el mensaje: ya no hay principios, salvo el de quedarse con la mayor cantidad posible; ya no hay reglas, salvo el nuevo imperativo categórico: «Juega bien tus propias cartas».

Pero no hay juego de cartas donde todas las manos sean parejas. Si el único objetivo es ganar, quienes dan con una mala racha se ven tentados a probar cualquier recurso. Desde el punto de vista de los dueños del casino, algunos recursos —los que ellos mismos permiten o dejan circular— son moneda legal; todo lo que caiga fuera de su control está prohibido. Pero la línea divisoria entre lo justo y lo que no lo es no se ve igual desde la perspectiva de los jugadores, en especial de los que intentan jugar. Más aún, de los que aspiran a hacerlo y no pueden, o no tienen acceso a los recursos permitidos. Pueden recurrir, entonces, a cualquier recurso, sea legal o no, o abandonar el juego. Pero la seducción del mercado ha convertido en imposible esta última opción. 

Desarmar, degradar y suprimir a los jugadores frustrados es, en una sociedad de consumidores regida por el mercado, parte indispensable de la integración-a-travésde-la-seducción. Los jugadores impotentes e indolentes deben ser excluidos. Son productos de desecho del juego, que hay que descartar a toda costa y pedir su cesación de pagos. Pero hay otra razón por la que el juego deberá seguir produciendo esos desechos: a quienes permanecen junto al verde tapete se les debe mostrar el horrendo panorama de la alternativa (la única posible, se les repetirá), para que sigan soportando las penurias y tensiones de vivir en el juego. 

Considerada la naturaleza del juego actual, la miseria de los excluidos —que en otro tiempo fue considerada una desgracia provocada colectivamente y que, por lo tanto, debía ser solucionada por medios colectivos— sólo puede ser redefinida como un delito individual. Las «clases peligrosas» son consideradas clases criminales, y las cárceles pasan a desempeñar las funciones que antes les cabía a las ya casi desaparecidas instituciones del Estado del bienestar. Y, a medida que se reducen las prestaciones de asistencia social, lo más probable es que las cárceles tengan que seguir desempeñando ese papel, cada vez con mayor intensidad. 

La creciente multiplicación de comportamientos delictivos no es un obstáculo en el camino hacia una sociedad consumista desarrollada y que no deja resquicios. Por el contrario: es su prerrequisito y acompañamiento natural. Y esto es así, hay que admitirlo, por numerosas razones. La principal de ellas es, quizás, el hecho de que quienes quedan fuera del juego —los consumidores frustrados, cuyos recursos no alcanzan a satisfacer sus deseos y, por lo tanto, tienen pocas o ninguna posibilidad de ganar si cumplen las reglas oficiales— encarnan los «demonios internos» que son específicos de la sociedad de consumo. Su marginación (que llega al delito), la severidad de sus sufrimientos y la crueldad del destino a que se los condena son — hablando metafóricamente— el modo de exorcizar esos demonios internos y quemar su efigie. Las fronteras del delito cumplen la función de las llamadas herramientas sanitarias: cloacas a las que se arrojan los efluvios inevitables, pero tóxicos, de la seducción consumista, para que la gente que permanece en el juego no tenga que preocuparse por su propio estado de salud. Si este es el estímulo principal que explica el auge de la «industria de la prisión » —tal como la denomina el criminólogo noruego Nils Christie—, entonces la esperanza de que en una sociedad desregulada y privatizada el proceso se haga más lento es, al menos, pequeña; y es mucho menos probable que se lo pueda detener o revertir. 

No hay lugar donde esta relación se haya puesto más de manifiesto que en los Estados Unidos, donde el dominio ilimitado del mercado de consumo —durante los años del «vale todo», en la era Reagan-Bush— llegó más lejos que en cualquier otro país. Los años de desregulación y desmantelamiento de las prestaciones asistenciales fueron, también, los años en que crecieron la criminalidad, la fuerza policial y la población carcelaria. Fue preciso, también —para responder a los temores e inquietudes, los nervios y la inseguridad, el enojo y la furia de la mayoría silenciosa (o no tan silenciosa) de los consumidores honorables—, reservarles una suerte cada vez más sangrienta y cruel a los declarados criminales. Cuanta más fuerza tomaban los «demonios internos», más insaciable era el deseo de castigar el delito, de tener una justicia de mano dura. Bill Clinton, integrante del ala progresista del Partido Demócrata (los llamados liberals en los Estados Unidos) ganó la presidencia con la promesa de multiplicar las filas policiales y construir prisiones nuevas y más seguras. Algunos observadores (entre ellos, Peter Linebaugh, de la Universidad de Toledo, Ohio, autor de The London Hanged [El ahorcado de Londres]) piensan que Clinton debió su triunfo a la muy publicitada ejecución de un hombre retardado, Ricky Ray Rector, a quien permitió enviar a la silla eléctrica cuando era gobernador de Arkansas. Dos años después, los adversarios del nuevo presidente, pertenecientes a los sectores de extrema derecha del Partido Republicano, se impusieron de forma aplastante en elecciones parlamentarias al convencer al electorado de que Clinton no había hecho lo suficiente para combatir la criminalidad y que ellos harían más. La segunda elección de Clinton se ganó en una campaña en que los candidatos rivalizaron en prometer, cada uno más que el otro, una fuerza policial fuerte y una política implacable con aquellos que «ofenden los valores de la sociedad al mismo tiempo que se aferran a ellos», y apuestan a la vida consumista sin contribuir a la reproducción de la sociedad de consumo. 

En 1972, cuando el Estado del bienestar atravesaba su mejor momento y poco antes de que comenzara su caída, la Corte Suprema de los Estado Unidos — reflejando el ánimo del público— dictaminó que la pena de muerte era arbitraria y caprichosa y, como tal, inadecuada para servir a la causa de la justicia. Después de muchos fallos, en 1988, la Corte permitió la ejecución de jóvenes de 16 años de edad; en 1989, la de retrasados mentales y finalmente, en 1992, en el vergonzoso caso de Herrera contra Collins, dictaminó que el acusado podría ser inocente pero estaba en condiciones de ser ejecutado si los juicios habían sido realizados en debida forma y se ajustaban a la Constitución. La reciente Ley del Crimen, aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes, extiende el número de delitos pasibles de pena de muerte a 57 o, según algunas interpretaciones, 70. Con mucha publicidad y gran alharaca, en la penitenciaría federal de Terre Haute, Indiana, se construyó una cámara de ejecución dotada de los últimos adelantos técnicos, con un pabellón para condenados a muerte que puede albergar hasta 120 convictos. A comienzos de 1994, un total de 2802 personas esperaban su ejecución en las cárceles estadounidenses. De ellas, 1102 eran afronorteamericanos y 33 habían sido condenadas a muerte cuando eran todavía menores de edad. La abrumadora mayoría de esos presos que esperan ser ejecutados provienen, puede suponerse, del inmenso y creciente reservorio al que van a parar los rechazados por la sociedad de consumo. Como sugiere Linebaugh, el espectáculo de la ejecución es «utilizado con cinismo por los políticos para aterrorizar a la creciente clase marginada». Al reclamar ese terrorismo de la justicia, la mayoría silenciosa estadounidense trata de librarse de sus propios terrores internos. 

Según Herbert Gans, «los sentimientos que las clases más afortunadas albergan hacia los pobres [son una] mezcla de miedo, enojo y condena; pero es probable que el miedo sea el componente más importante ». Esta mixtura de sentimientos vale como elemento movilizador del público, utilizable por los políticos, sólo si el miedo es intenso y verdaderamente aterrador. La tan publicitada resistencia de los pobres a la ética del trabajo, así como su rechazo a participar del trabajo duro tal como lo hace la mayoría honorable, bastan para provocar el enojo y la condena del público. Pero, cuando a la idea de los pobres inactivos se agregan alarmantes noticias sobre criminalidad en alza y violencia contra vida y propiedad de la población honorable, la condena deja lugar al temor: no obedecer la ética del trabajo se convierte en un acto que aterroriza, además de ser moralmente condenable. 

La pobreza, entonces, deja de ser tema de política social para convertirse en asunto de justicia penal y criminal. Los pobres ya no son los marginados de la sociedad de consumo, derrotados en la competencia feroz; son los enemigos declarados de la sociedad. Sólo una delgadísima línea, muy fácil de cruzar, separa a los beneficiarios de los planes de asistencia de los traficantes de drogas, ladrones y asesinos. Quienes viven de los beneficios sociales son el campo de reclutamiento de las bandas criminales: financiarlos es ampliar las reservas que alimentarán el delito.