Así lo evidencia la aprobación que el mandatario de los colombianos dará al Pacto Territorial Cesar-La Guajira, a la ley de Vivienda y a otros proyectos que beneficiarán a esos departamentos de la costa norte del país.
El monto de la inversión será de $3.7 billones y cobijará a los sectores de transporte, vivienda, educación, agua potable, salud, seguridad, cultura, agricultura, energía, comercio y deporte. Duque también desembolsará recursos para el alcantarillado pluvial del norte así como para la construcción de viviendas rurales en el Cesar. Otorgará simbólicamente las llaves a 320 familias que integran el proyecto de vivienda «Mirador del Valle». En Aguachica, Duque inaugurará la Institución Educativa Santa Teresa, que albergará a estudiantes de todos los niveles educativos; entregará 200 motocicletas a la Policía Nacional y anunciará el inicio de la construcción del Comando de la Policía Metropolitana. Los gobernadores del Cesar (Luis Monsalvo Gnecco) y de la Guajira (Nemesio Roys Garzón) son de la línea política del gobierno nacional y apoyaron a Duque en su aspiración a la presidencia.
Hasta ahí, y con profundas dudas sobre el manejo que se le dará a esos recursos de parte de los representantes de esas castas políticas tradicionales, podría decirse que el presidente cumple sus funciones. Sin embargo, lo que genera dudas sobre su eficiencia e imparcialidad es su actuar con respecto a la oposición política: Duque ha tenido una postura diametralmente opuesta, por ejemplo, con los proyectos de otro mandatario costeño: El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Ómar.
El alto funcionario de Duque, Luis Alberto Rodríguez, director del DNP, quien estará presente en la aprobación e inauguración de los distintos y profusos proyectos en el Cesar, es el mismo que está involucrado en el Pacto de Ciénaga, una alianza delictiva entre alcaldes y clanes políticos opositores de Caicedo que tiene por objetivo sabotearle los proyectos y adueñarse de las regalías del Magdalena a cambio de apoyar la candidatura presidencial del Ministro Holmes Trujillo o algún otro que cargue el letrero de «el que dice Uribe» en 2022. Un perverso cruce de favores que, a nivel regional, se propone devolverle el poder político a los clanes corruptos que por años expoliaron las arcas del pueblo Magdalenense; y, a nivel nacional, asegurar la continuidad del uribismo en la primera magistratura del país.
El propio gobernador Caicedo denunció a través de sus redes sociales que Duque tiene congelados los recursos para el Magdalena, por un valor muy similar (3.4 billones) al aprobado a sus socios políticos (3.7 billones).
Pero eso no es todo:
Se excluye al gobernador Caicedo de las juntas de seguridad departamental, de los eventos conmemorativos, culturales o administrativos, etc. Lo quieren convertir en un paria político y hundir sus programas de gobierno para hundir también sus aspiraciones presidenciales a futuro; todo esto, desde luego, bajo las órdenes y la mirada complaciente del presidente Duque, que apoya o sabotea proyectos según su convencía política, o politiquera. Para sus aliados, todo; para sus opositores, nada, o sí: una recia y feroz persecución.
NOTAS ADICIONALES:
Sobre el actual gobernador del Cesar, Luis Monsalvo Gnecco:
El clan Gnecco se extiende desde la Guajira y llega a los departamentos del Cesar y Magdalena. Al principio, años 70, eran prósperos empresarios del contrabando de cigarrillos y whisky que entraba por la Guajira proveniente de Venezuela, Aruba y Panamá.
— Adri ✨ (@fixasttyles) July 16, 2020
Sobre el actual gobernador de la Guajira, Nenesio Roys Garzón:
