Por: Redacción Lado B.
El exsenador Eduardo Pulgar está preso por intentar sobornar a un juez para favorecer intereses corruptos de Luis Fernando Acosta, uno de sus patrocinadores. Según la columna de Daniel Coronell, titulada “Las nuevas aventuras de Pulgarcito“, Pulgar estaría extorsionando a otros implicados en este caso desde la cárcel La Picota, usando para ello equipos telefónicos prohibidos por las autoridades. Los delitos de Pulgar fueron aceptados por él mismo, cuando no pudo escapar del radar de la Corte Suprema de Justicia después de renunciar a su curul en el Senado con el fin de que su caso pasara a la Fiscalía General de la Nación, dirigida por el cuestionado fiscal Francisco Barbosa.
Pero Pulgar no solo es un corrupto, sobornador y posible extorsionador; los testimonios también lo involucran como uno de los tres jefes del cartel de la Salud del Caribe. El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar, también ha denunciado a Pulgar como integrante del cartel de la Salud en dicho departamento.
En diciembre de 2020, Caicedo envío a la Fiscalía General de la Nación una carta en la que solicita que se reconozca al departamento como víctima dentro del proceso de Pulgar, el superintendente de Salud Fabio Aristizábal, el excongresista Luis Eduardo Díazgranados, entre otros, por los hechos denunciados por el presidente de la Red Ver de veedurías de Colombia, Pablo Bustos.
Las razones de esta petición estarían sujetas a una eventual comisión de delitos contra la administración pública. Según Caicedo la intervención del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche (HUJMB), por ejemplo, se dio por unos intereses políticos, un “contubernio entre congresistas y empleados de la Supersalud”.
“En el Magdalena hubo intervenciones que afectaron gravemente la prestación del servicio de salud, lo cual constituye un hito. Aristizábal está siendo asesorado por una persona aún más señalada de tener sesgos políticos”, precisó Bustos Sánchez.
Con relación a la injerencia del senador Pulgar en la salud del departamento, el veedor señaló que “en el Congreso hay serias acusaciones en su contra por realizar actividades de intermediación para presuntamente favorecer intereses concretos. Él tiene una pata en la justicia y otra en la salud”.
Para Pablo Bustos, no se concibe que el superintendente siga en su cargo a pesar de las objeciones recibidas por distintas instancias en el país. “Solicitaremos para que se aparte de cualquier relación con el aparato de la salud, para que se pueda defender de las denuncias en su contra” concluyó el veedor.
Además de las supuestas relaciones con Pulgar y la manipulación denunciada por Caicedo, debe responder por el traslado de usuarios entre algunas Empresas Prestadoras de Salud y las otras aristas que conforman el ‘cartel de la salud’.
En un documento de solicitud el gobernador del Magdalena expone 19 hechos en los que sustentó su petición.
#NoticiaW | El gobernador @carlosecaicedo pidió a la @FiscaliaCol que se reconozca al departamento como víctima dentro del proceso en contra del senador Eduardo Pulgar, el superintendente de Salud Fabio Aristizábal, el excongresista Luis Eduardo Díazgranados, entre otros. pic.twitter.com/wznUFrm28J
— W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 16, 2020
El Cartel de la salud del Magdalena
Con pruebas irrefutables y múltiples evidencias, Rafael Martínez, exalcalde de Santa Marta perteneciente al Movimiento Fuerza Ciudadana que lidera el gobernador Carlos Caicedo, denunció el cartel de la Salud en el Magdalena.
De este hacen parte, principalmente, el uribismo, representado en sus fichas departamentales como el senador Honorio Henríquez, el diputado Jair Mejía y el corrupto senador Eduardo Pulgar.
Martínez demuestra que la intervención del hospital público Alejandro Prospero Reverend fue una de las “jugaditas” que acostumbra el uribismo cuando lo han sacado del poder político, pues dejaron acabar por falta de mantenimiento los tres centros de salud que la administración de Fuerza Ciudadana entregó completamente nuevos y renovados. Detrás de su intervención estaría Álvaro Uribe Vélez , Honorio Henríquez y Eduardo Pulgar. No es casualidad que sin haber ganado nada en el Magdalena, el Centro Democrático sea el que dirija el hospital público de Santa Marta y el hospital departamental. Tampoco es coincidencia que la intervención haya sido dirigida por Fabio Aristizábal, excandidato del uribismo al Senado y quien habría hecho campaña con el desaparecido narcotraficante Ñeñe Hernández. La intervención “casualmente” se dio cuando sacaron a Martínez del cargo de alcalde en un proceso turbio, y al cual volvió tiempo después tras demostrar su inocencia.
Angélica Guzmán, esposa de Honorio Henríquez, trabaja en la Superintendencia de Salud, la misma entidad que intervino los dos hospitales. César Pacheco, gerente de campaña de Honorio Henríquez, es señalado en el hospital público de Santa Marta como la persona que dirige la empresa que presta los servicios de aseo en la clínica La Castellana, con contratos por más de 160 millones de pesos.
El diputado del Centro Democrático, Jair Mejía, no se podía quedar sin su tajada: Apenas intervinieron el hospital, Berta Alvear, madre de este, entró a trabajar en la dirección administrativa y financiera, desde donde se dirigen los puestos y los contratos.
Nada es casualidad.
El hermano de Honorio Henríquez, Hernando Enríquez, lleva seis contratos con el DPS (Departamento Administrativo para la Prosperidad Social) por más de 102 millones de pesos.
Angélica Guzmán, esposa de Honorio, trabaja en la Unidad de Víctimas, lo que resulta paradójico, pues bien sabida es la animadversión del uribismo por las víctimas del conflicto así como la negación del mismo. Sin embargo, cuando de usufructuar estos cargos públicos se trata, no ven problema alguno.
Acá el video con la denuncia ampliada de Martínez:
