Estado subyugado y estado hipertrofiado.

Por: Claudia Escobar García (*)

Bogotá., noviembre. Con frecuencia nos quejamos, con razón, de las fallas del Estado colombiano. Nos lamentamos de un Estado ausente. En distintos escenarios y territorios los habitantes están abandonados a su suerte. No hay puestos de salud, ni carreteras, ni instituciones educativas, ni fuerza pública, ni estaciones de telecomunicaciones. Pero también nos quejamos de un Estado tiránico y opresivo. Un Estado con una fuerza pública que, históricamente, ha ejercido el poder de manera desbordada. O uno que atropella al ciudadano con tributos abusivos y engañosos, como el gravamen temporal del 2 X 1000, que luego de casi tres décadas corresponde al 4 x 1000.

Sin embargo, lo que llamamos “Estado” es un fenómeno multiforme y variado. Al lado del “Estado ausente”, también hay un “Estado omnipresente”. Y al lado del “Estado tiránico y opresivo” también hay un “Estado subyugado”.

En el barrio La Candelaria, en Bogotá, un ciudadano colombiano libra una lucha intestina con su vecino, un reconocido intelectual extranjero. El vecino colombiano se queja de que la vivienda aledaña cuenta con una ventana panorámica desde la cual se puede divisar no solo gran parte de la ciudad, sino también una muy pequeña sección del patio exterior del predio contiguo, lo que interpreta como una invasión a su privacidad. También protesta por las plantas y árboles que se encuentran en los jardines internos y externos de su vecino. Le inquieta que se haya construido un segundo piso, y que la casa no haya conservado su arquitectura original. O que, quizás, las obras de construcción y remodelación no hayan contado con todas las licencias y autorizaciones exigidas en la ley. Tras de todo, el muro que separa los dos inmuebles se desplomó, y él asegura que la caída es responsabilidad de su vecino extranjero.

Todo lo anterior ha hecho que, a lo largo de las últimas 3 décadas, toda la institucionalidad se movilice en función de estas preocupaciones. Inspecciones de policía, alcaldías menores, curadurías, el Ministerio de Cultura, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Secretaría Distrital de Gobierno y distintos jueces han intervenido activamente a lo largo de todos estos años para atender los continuos requerimientos del ciudadano.

Por la presunta perturbación de la posesión, se han iniciado 4 procedimientos administrativos en los años 1995, 2004, 2005 y 2014, en 4 inspecciones de policía distintas, todos con las mismas pretensiones y fundados en los mismos hechos.

También se han iniciado 3 procedimientos de control urbanístico en 2004, 2007 y 2014 ante la Alcaldía Local de la Candelaria, asociados todos a las mismas problemáticas.

Por el desplome del muro, ante un juez civil del circuito de Bogotá se demandó al vecino para obtener la reparación económica. Pero ante otro juez civil del circuito de Bogotá se interpuso otra demanda contra ese mismo vecino, por exactamente la misma caída del mismo muro, pero no para obtener la reparación económica, sino únicamente para que el juzgado declare la existencia de la perturbación de la posesión, y para que el juez bautice a su vecino como “perturbador”.

También se han interpuesto quejas disciplinarias contra algunos funcionarios que han resuelto los casos en contravía de las expectativas del quejoso.

Y, en general, se han activado toda suerte de procedimientos administrativos para verificar que cada piedra, cada ladrillo, cada pedazo de madera, cada planta o cada árbol del vecino, se ajuste a plenitud a la normatividad urbanística y a las normas propias de los bienes de interés cultural.

En el marco de todos estos procedimientos administrativos y judiciales, todo ha sido escudriñado e inspeccionado meticulosa y escrupulosamente. De todo existe un registro fotográfico, una descripción de su composición, de su forma, de su peso y de su historia a lo largo de las décadas. Horas, días, semanas y meses de tiempo de funcionarios y peritos vinculados a las agencias gubernamentales, han sido dedicadas a decretar, realizar y suspender inspecciones oculares, abrir y cerrar procedimientos, desarrollar o suspender audiencias, ordenar visitas técnicas, y resolver recursos o solicitudes de nulidad, una y otra vez.

La portentosa e impresionante biblioteca del vecino extranjero, que en otra época estuvo ocupada exclusivamente por libros excelsos, ahora está invadida de carpetas con los expedientes que se han venido acumulando durante las últimas décadas. Estos expedientes ocupan cada vez más espacio. Y, de manera progresiva, estos procesos y trámites ocupan cada vez más su tiempo, sus espacios vitales, su atención y sus emociones. Todo este historial de procedimientos e incidentes tiene un claro tinte surreal, y termina combinando lo cómico, lo ridículo, lo grotesco y lo dramático.

La historia parece no tener fin porque bajo la teoría cobijada por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, los procedimientos por perturbación de la posesión y la tenencia no hacen tránsito a cosa juzgada, lo que significa que, una vez concluido un trámite de este tipo, la persona insatisfecha con la decisión de la autoridad puede iniciar un nuevo procedimiento por los mismos hechos y con las mismas pretensiones.

Esta historia anónima demuestra que, lo que llamamos “Estado”, corresponde en realidad a un fenómeno bastante más heterogéneo y dispar de lo que solemos suponer.

En determinados contextos encontramos un Estado ausente y pasivo, del que tanto nos quejamos cuando nos referimos a territorios deprimidos y olvidados. Pero en otros escenarios encontramos un Estado exacerbado, omnipresente e hiperactivo, que invade, ahoga y asfixia todos los espacios. Pero, irónicamente, es probable que no haya un Estado “hiperactivo” cuando se trata de resolver los problemas más cruciales, acuciantes y apremiantes de nuestro país. Probablemente no encontremos este mismo nivel de diligencia cuando se investigan masacres, extorsiones u homicidios, o cuando se abordan problemáticas de gran calado asociadas, por ejemplo, al funcionamiento del sistema de salud o a los programas para contener la deforestación o la contaminación de los ríos.

Asimismo, con frecuencia nos quejamos un Estado tiránico, abusivo y despótico, del que nos quejamos, por ejemplo, cuando se alegan excesos en el ejercicio de la fuerza pública o cuando se imponen cargas tributarias consideradas excesivas. Pero también ocurre lo contrario, cuando el Estado es subyugado, sometido, secuestrado y subordinado por otras fuerzas, a veces invisibles o imperceptibles, como la de ciudadanos que logran capturar, en forma más que desproporcionada y desmedida, la atención, el tiempo y los recursos de ese mismo Estado, para canalizar todas sus preocupaciones y desasosiego personal.

Por lo anterior, conviene abandonar estas narrativas lineales y simplistas que caricaturizan al Estado a partir de un único modelo que sólo captura una parte de la realidad. Se requiere un libreto que dé cuenta de las asimetrías, de los contrastes y de las complejidades, y, sobre todo, de un marco conceptual y explicativo que impulse la creación de procedimientos, protocolos y esquemas organizativos que contengan y limiten estos excesos, y que suplan estas carencias del poder público.