Por primera vez en la historia de Colombia, un expresidente fue llamado a un juicio oral. Se trata de Álvaro Uribe Vélez, quien en la mañana de este viernes se presentó de manera virtual ante el Juzgado 44 Penal de Conocimiento de Bogotá, que instaló la audiencia de acusación solicitada por la Fiscalía.
Por su parte, las cuatro víctimas del caso han solicitado que el exmandatario –que renunció a su curul en el Senado y en este momento está en calidad de imputado– responda en juicio, y de hecho, anticiparon que les harán llegar a las autoridades un reloj con una grabación que sería clave, en el que estaría la voz del detenido testigo Juan Guillermo Monsalve junto al abogado Diego Cadena, quien habría visitado cárceles para obtener testimonios a favor de su cliente, el expresidente Uribe.
El expresidente responde por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.
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Para Gilberto Villarreal, fiscal del caso, el exjefe de Estado -que también fue senador- sería el “determinador del delito de soborno, ejecutado en las circunstancias detalladas atrás, por intermedio de Diego Javier Cadena Ramírez, sobre la testigo Hilda Jeaneth Niño Farfán”, quien es una exfiscal condenada.
El penalista Diego Cadena asegura que ha actuado apegado a la ley.
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Adicionan otro delito contra Uribe
La juez 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, le pide a los citados que se presenten. Es así como Álvaro Uribe, Fiscalía, Procuraduría, defensa técnica y representantes de víctimas hacen su intervención. La juez aclara que una organización internacional está transmitiendo esta audiencia, que es pública para cualquier ciudadano. A la cita se llega con una adición a la acusación, pues aparece el delito de soborno por hechos que llevan a la exfiscal Hilda Niño.
Rechazo en contra de la defensa
La togada empezó por aclarar que el jueves hacia las 5 de la tarde, el fiscal del caso le hizo llegar una aclaración a la acusación contra Álvaro Uribe. Sobre este punto, el abogado Jaime Granados, quien defiende al exmandatario, manifiesta que “para nuestra sorpresa se nos informa muy cerca del inicio de esta audiencia que ha habido un escrito de adición, y sobre esa base del derecho que le asiste a la defensa”. La juez contesta que de plano rechaza ese pedido, argumentando que se le envió la adición en la mañana, y que eso no significa que “se les esté saltando la posibilidad de preparar las audiencias”.
La intervención de víctimas
La directora del despacho solicita a los representantes de las cuatro víctimas que indiquen quién de ellos va a intervenir en la audiencia. La petición se basa en que como el acusado es uno: Uribe, tiene que haber el mismo número de representante de víctimas interviniendo en la diligencia. Sobre esto, el penalista Granados le dijo a EL TIEMPO hace unos días que “el debate lo hacemos entre iguales: algo que es muy cierto es que una vez logre reconocerse la calidad de víctima de quien lo alegue, rige el principio de limitación de la intervención de los representantes de esas alegadas víctimas, que no puede superar el número de acusados. Por tanto si hay un solo acusado, el número de representantes de víctimas solo podrá ser uno, ¿quién? El que se ponga de acuerdo o el que decida la juez”.
El reparo de un abogado
Sandra Liliana Heredia les da la palabra a Fiscalía, Procuraduría y el abogado Granados para resolver el pedido de uno de los representantes de víctimas, Juan David León, quien argumentó que desde la etapa de juicio es que se limita el número de representantes, y no en la acusación, por ende deberían seguir todos conectados. El defensor de Uribe dice que solo un vocero de las víctimas puede hablar. fiscal Gilberto Villarreal le da la razón a León, mientras que el procurador Bladimir Cuadro indica que debe mantenerse lo dicho por la juez. Luego de escuchar las posturas de las partes, la juez concluye que “no considera el despacho que con la propuesta del juzgado se vulneren los derechos de las víctimas”, ya que todo se va a canalizar en un solo representante.
Víctimas definen su vocero
Luego de un receso de 10 minutos, la juez retoma la diligencia y le da la palabra al abogado Reynaldo Villalba, representante del senador y víctima en este caso Iván Cepeda. El penalista manifiesta que será el vocero de las víctimas de aquí en adelante. Villalba empieza diciendo que no ve impedimentos en contra del despacho.
Las observaciones a aclarar
Reynaldo Villalba empieza por decir que quiere que le despejen varias dudas. Una es el video que emitió Eurídice Cortés que llegó a la Corte y que se menciona en el escrito de acusación de la Fiscalía, “pero que para esta representación de víctimas aún no hay claridad” de si hace parte del cargo de fraude procesal”.
El representante de víctimas también quiere tener claridad sobre si las cartas del exparamilitar Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra están enmarcadas dentro del fraude procesal, “si no están mi petición es que se adicionen, dado que en esas cartas se manifestaron situaciones distantes de la realidad, y que señalan falsamente a personas como a Iván Cepeda, como a exdirectivos de la Fiscalía como el doctor Perdomo y el doctor Montealegre”.
La intervención del procurador
En representación del Ministerio Público, Bladimir Cuadro indica que primero deberían reconocerse a las víctimas, y luego dejar que Villalba presente observaciones. La solicitud la apoya el defensor de Álvaro Uribe. Es así como cada uno de los representantes de víctimas interviene y dice por qué sus clientes deben ser acreditados como tal. El primero en hablar es Villalba, y le sigue Miguel Ángel del Río, apoderado de Deyanira Gómez, quien dice por qué tuvo que dejar su profesión de médica y pedir asilo en otro país debido a este caso, en el que su expareja Juan G. Monsalve es un testigo clave.
El supuesto montaje
El representante de las dos víctimas Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo empieza a exponer por qué deben ser acreditados sus clientes en este expediente. Dice que “lo que se le pretendió es crear un montaje en el que se les hizo una atribución a mis representados, especialmente al doctor Eduardo Montealegre en calidad de fiscal general, y a Jorge Perdomo cuando fungió como vicefiscal, de haber creado un andamiaje supuestamente criminal para afectar al señor Álvaro Uribe y al señor Santiago Uribe y a los procesos que tuvieran vinculados en escenarios de conflicto armado.