El presidente ya solicitó formalmente una reunión con las altas Cortes, luego de que la Corte Suprema de Justicia le llamara la atención y le recordara que debe respetar la separación de poderes
El enfrentamiento e intercambio de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general de la Nación Francisco Barbosa podría pasar de los medios y las redes sociales a una reunión entre ambos funcionarios. Así lo confirmaron fuentes de Casa de Nariño, que revelaron, además, que el presidente solicitó formalmente una reunión con las altas Cortes. Esto se conoce luego de que el jefe de Estado, en un comunicado, reconociera el llamado de atención que le hizo la Corte Suprema de Justicia sobre sus declaraciones en España.
El presidente Petro, luego de que la Corte Suprema de Justicia le recordara que el fiscal general de la Nación no tiene superior jerárquico y le hiciera un llamado a respetar la división de poderes, en un comunicado reconoció que el fiscal “no está subordinado a funcionario”, pero que sí lo está a la Constitución.
“Acepto el llamado de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Respeto y respetaré la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la Nación y todas las ramas del poder público. Pero como Presidente de la República no guardaré silencio frente a estas gravísimas denuncias”, se puede leer en comunicado de Presidencia.
También señaló que “la preservación del orden público y el desarrollo de la política criminal requieren de la colaboración armónica entre los diferentes poderes del Estado, fundamentalmente del Presidente de la República y de la Fiscalía General de la Nación”, por lo que insistió en que el fiscal Barbosa no le ha dado respuesta a sus preguntas por los presuntos asesinatos de 200 personas a manos del Clan del Golfo que denunció el periodista Gonzalo Guillén.
“En situaciones como esta, en donde el Fiscal General entrega vagas explicaciones a los serios y gravísimos interrogantes que plantea un periodista, y que de ser ciertos pondrían en riesgo el orden público y la institucionalidad de la Justicia, no solo le está faltando el respeto al presidente, sino que está violando la Constitución”.
El presidente advirtió que ante el silencio del fiscal Barbosa frente a estas denuncias, a su juicio, le hacen daño a la Fiscalía y a la justicia.
“Grave daño le hace el Fiscal General a la propia Fiscalía al guardar silencio frente a estas denuncias, que de ser ciertas implicarían nada más y nada menos que la complicidad de su fiscal delegado Daniel Hernández, del círculo más cercano tanto de Néstor Humberto Martínez como de Francisco Barbosa, en el asesinato por omisión de más de 200 personas, incluyendo a niños y miembros de la Fuerza Pública. El fiscal Hernández continúa en su cargo pese a que fue imputado por prevaricato y por presuntamente amenazar a un testigo del caso Odebrecht, investigación que, según fuentes periodísticas, lo tienen en la mira del FBI”.
La respuesta de la Fiscalía
Sobre las 9:18 p. m. del 5 de mayo, la Fiscalía General de la Nación publicó un comunicado en el que respondía a las preguntas que hizo el presidente Petro sobre el presunto asesinato de 200 personas por parte del Clan del Golfo, basándose en una denuncia del periodista Gonzalo Guillén.
En el primer punto, de cinco, que tiene el comunicado de la Fiscalía se confirma que el caso fue reasignado el 9 de noviembre de 2020 al fiscal Daniel Hernández.
En el segundo anotan que el fiscal Hernández ordenó la reescucha de las líneas telefónicas interceptadas para determinar hechos concretos y/o presuntos infractores a la ley.
En el tercer punto se lee que los homicidios reportados el investigador al chat del fiscal Hernández no hacen parte de las investigaciones que este adelanta. En el cuarto punto advierten que desde 2010, hasta la fecha, no se ha interceptado ninguna línea telefónica; por lo tanto, los hechos por investigar solo tienen la temporalidad 2008 – 2010.
El comunicado concluye así: “La Fiscalía General de la Nación continúa con la indagación. El caso cuenta con seguimiento, impulso y mesas de trabajo a instancias de las dependencias misionales respectivas, a efectos de que se adopte la decisión que en derecho corresponda, de conformidad con la ley los medios de prueba recaudados”.