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Por: Jorge Orlando García Restrepo, exalcalde de Pensilvania, Caldas.

Manizales. La percepción de los colombianos sobre el orden público y la seguridad se ha venido deteriorando paulatinamente en los últimos meses. De acuerdo con la última medición de INVAMER, el 32,8% de los colombianos lo considera como el primer grave problema que tiene el país, por encima del desempleo y la corrupción. El 89% de los consultados considera que la inseguridad está empeorando.

No solamente se trata del recrudecimiento de las acciones de los grupos al margen de la ley; el robo, el atraco, la extorsión van en aumento sin que el Gobierno Nacional implemente acciones contundentes para brindar seguridad a los colombianos.

Es inconcebible que miles de ciudadanos sean extorsionados desde diferentes cárceles en el país sin que el gobierno tome medidas efectivas para eliminar este flagelo. Es inentendible que el Estado colombiano no tenga la capacidad tecnológica para bloquear señales de internet y celular al interior de estos centros de reclusión, y más inentendible aún, que no sean capaces de controlar el ingreso de equipos electrónicos y celulares.

El departamento de Caldas ha sido catalogado en los últimos años como el más seguro del país, sin embargo, vemos con impotencia como en los últimos meses esa percepción de seguridad se ha venido deteriorando y aumentan las acciones de la delincuencia organizada a lo largo y ancho del departamento.

Hace apenas tres semanas se denunció la presencia del ELN en el occidente de Caldas, llamado que fue ignorado por las autoridades negando esta denuncia ciudadana. El asesinato el pasado viernes del Magistrado Alvaro Restrepo Valencia en un restaurante de la vía Manizales – Pereira, son muestra clara de la inseguridad que se vive en nuestras carreteras.

El microtráfico está desbordado completamente. Lo que antes estaba circunscrito a las zonas urbanas, se trasladó al sector rural con los problemas de orden público que ello conlleva como el ajuste de cuentas.

El gota a gota se convirtió en un tema sin control alguno por parte de las autoridades. Los cobradores amenazan, presionan, intimidan y maltratan al pobre ciudadano que no puede dar cumplimiento con sus desbordadas cuotas.

Y mientras que esto sucede, la pregunta del ciudadano de a pié es: “Y dónde están las autoridades? ¿Dónde está el Estado?”. Hay una completa desprotección, la sensación de impotencia es generalizada, y lo más grave, no se ven soluciones en el corto ni mediano plazo.

El robo, el atraco, la extorsión, el raponeo, delitos que afectan directamente a la mayoría de los colombianos, deben de tener especial y prioritaria atención por parte de las autoridades porque están acabando con la tranquilidad ciudadana y la calidad de vida. Vivimos atemorizados e intimidados porque en cualquier momento podemos ser víctimas de una de estas acciones criminales.

La seguridad es transversal a todos los temas de país. Sin ella no hay inversión interna y externa, tampoco turismo ni desarrollo económico. Por ello la urgencia de la implementación de medidas contundentes correctivas y de prevención por parte de las autoridades competentes.

 

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