Investigan a exsecretario Bryan Naranjo por poner camioneta oficial como garantía de préstamo

Armenia, Quindío. – Las autoridades judiciales del departamento de Quindío recibieron una serie de denuncias que involucran a Bryan Naranjo, exsecretario de Agricultura y asesor cercano al gobernador Juan Miguel Galvis. Según los documentos presentados ante los entes de control, el exfuncionario habría participado en un esquema de disposición irregular de activos públicos y privados entre finales de 2025 y principios de 2026.

Los señalamientos indican que Naranjo presuntamente utilizó una camioneta oficial de la Gobernación, identificada con las placas OKX 383, como garantía para obtener un préstamo personal de $140 millones. El prestamista, quien inicialmente desconocía el origen del vehículo, afirmó que el automotor permaneció fuera del control estatal durante casi cuatro meses, tiempo en el cual se habría usado incluso para actividades de la campaña de Jesús Bedoya.

De acuerdo con la información recopilada por medios nacionales, el denunciante Edilson Giraldo Bedoya manifestó que el vehículo solo se restituyó a la administración departamental en febrero de 2026 tras un intercambio. Este hecho motivó peticiones de investigación penal por el posible delito de peculado y desvío de bienes del Estado.

Escándalo por disposición de bienes y el papel de Bryan Naranjo

El caso no se limita al uso de vehículos oficiales. La denuncia formal detalla un presunto fraude inmobiliario que afectó una propiedad valorada en $1.600 millones. Según el expediente, en noviembre de 2025 se inscribió una hipoteca por $200 millones sobre dicho inmueble sin el consentimiento de su propietario legítimo, utilizando aparentemente un poder general falsificado.

Las investigaciones apuntan a que el documento fue elevado a escritura pública en una notaría de Cartago. Aunque el propietario revocó dicho poder el 10 de diciembre de 2025 al notar la irregularidad, las transacciones sobre el bien continuaron. En la oficina de registro de Calarcá apareció una dación en pago por $600 millones a favor de la sociedad Bienes e Inversiones del Café S.A.S.

Para profundizar en el contexto de la transparencia regional, puede consultar más detalles sobre la gestión pública en Lado B. Los abogados de las presuntas víctimas solicitaron a la Fiscalía General de la Nación la inscripción de notas restrictivas en los folios de matrícula inmobiliaria para evitar que el activo siga siendo comercializado mientras avanza el proceso judicial.

Pruebas de audio y relación con la campaña de Jesús Bedoya

Un elemento central en el proceso es la filtración de un audio donde se escucharía a Bryan Naranjo conversar con un contratista sobre la urgencia de obtener garantías económicas. En la grabación, el interlocutor le reclama por el uso de “escrituras falsas” y “poderes chimbos” para hipotecar propiedades, mientras Naranjo solicita plazos de “mes y medio” para solucionar la situación financiera.

• Se investiga la presunta falsedad material en documento público.

• Existen señalamientos por estafa agravada y abuso de confianza.

• La Fiscalía evalúa el enriquecimiento ilícito de particulares.

• Se indaga el uso de recursos públicos en favor de la aspiración de Jesús Bedoya.

El audio también menciona proyectos de seguridad y cámaras valorados en $25.000 millones, los cuales Naranjo presenta como respaldo para calmar a sus acreedores. En la conversación, el exasesor menciona reiteradamente su cercanía con el gobernador Juan Miguel Galvis para generar confianza en los negocios planteados.

Medidas cautelares y solicitudes ante la Fiscalía

Ante la gravedad de los hechos, se radicaron solicitudes de medidas cautelares urgentes. El objetivo primordial es el embargo preventivo de los bienes involucrados y la suspensión de cualquier capacidad de disposición sobre el inmueble afectado. Los denunciantes esperan que las pruebas periciales sobre firmas y huellas en las escrituras aclaren la participación de los actores mencionados.

La Red de Veedurías Ciudadanas también pidió celeridad en la práctica de testimonios de personas vinculadas, como Santiago Posada y Diego León Valencia. Se busca determinar si existió un concierto para delinquir orientado a despojar a particulares de sus activos mediante el uso de influencias políticas y documentos notariales irregulares en el eje cafetero.

La situación administrativa del departamento permanece bajo observación, dado que los hechos comprometen la integridad de bienes destinados al servicio oficial. La justicia deberá establecer si el entorno del gobernador Galvis facilitó estas operaciones o si se trató de actuaciones individuales del exsecretario en beneficio de terceros y campañas políticas.