IPC 2026 y canon de arrendamiento: impacto en Colombia

Bogotá, enero de 2026. El IPC 2026 se ubicó en 5,1 %, según datos divulgados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La cifra representó una reducción de 0,2 % frente a 2025 y tuvo efectos directos sobre el ajuste anual del canon de arrendamiento en el país.

El Índice de Precios al Consumidor es el indicador que mide la variación promedio de los precios de bienes y servicios que consumen los hogares colombianos. Su comportamiento anual sirve como base legal para la actualización de los contratos de arrendamiento de vivienda urbana.

De acuerdo con el DANE, más de 7,4 millones de hogares viven actualmente en arriendo en Colombia, lo que equivale a cerca del 40 % del total de viviendas del país. Esta condición hace que cualquier variación del IPC tenga un impacto amplio en el gasto mensual de los hogares.

IPC 2026 y su efecto en el canon de arrendamiento

El IPC 2026 determinó el porcentaje máximo con el cual los propietarios pueden ajustar el valor del canon de arrendamiento en los contratos vigentes. El incremento se aplica únicamente al cumplirse un año de ejecución del contrato, tal como lo establece la normativa colombiana.

Según explicó Lesly Posada, directora comercial de Fincaraiz, “el canon de arrendamiento en Colombia tendrá un ajuste directamente vinculado con la variación proyectada del IPC; esto quiere decir que los contratos vigentes se actualizarán de acuerdo con el indicador”.

Como ejemplo, un hogar que pagó un canon mensual de $1.800.000 durante 2025 verá un ajuste de $91.800 en 2026. En consecuencia, el nuevo valor mensual pasará a ser de $1.891.800, siempre que el contrato cumpla las condiciones legales para el incremento.

Este ajuste aplica tanto para viviendas nuevas en proceso de renovación contractual como para contratos que continuaron vigentes y alcanzaron el año de ejecución durante 2026.

Perfil de la vivienda más demandada en Colombia

Un informe elaborado por Fincaraiz indicó que más del 70 % de la demanda habitacional en Colombia se concentró en vivienda usada y en arriendo. Dentro de este segmento, los apartamentos de una o dos habitaciones, ubicados en estratos 3 y 4, registraron los mayores niveles de oferta y demanda.

Entre los factores que más influyeron en la decisión de arrendar vivienda se encontraron la ubicación, la conectividad vial, la cercanía a zonas verdes y la percepción de seguridad del sector. Estos criterios se mantuvieron constantes en las principales ciudades del país.

Bogotá encabezó la demanda nacional de vivienda en arriendo, seguida por Medellín, Cali y Barranquilla. No obstante, ciudades intermedias como Pereira, Manizales y Villavicencio comenzaron a mostrar un aumento relevante en las búsquedas de inmuebles.

“Estas ciudades reflejaron un incremento significativo en el interés habitacional, asociado a menores niveles de congestión, costos más bajos y condiciones distintas de calidad de vida”, precisó Lesly Posada.

Qué deben tener en cuenta arrendadores y arrendatarios

El ajuste del canon de arrendamiento con base en el IPC 2026 implica considerar varios aspectos clave al momento de renovar o continuar un contrato:

• El incremento solo se aplica cuando el contrato cumple un año de vigencia.

• El porcentaje máximo de aumento corresponde exactamente al IPC del año anterior.

Estos puntos resultan relevantes tanto para propietarios como para arrendatarios, especialmente en un contexto donde el arriendo continúa siendo la principal alternativa habitacional para millones de personas.

Para ampliar información relacionada con vivienda y economía, puede consultarse un análisis previo sobre mercado inmobiliario en Colombia en Lado B. Asimismo, los datos oficiales del IPC pueden revisarse directamente en el portal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), disponible en su sitio institucional.

El comportamiento del IPC y su relación con el canon de arrendamiento seguirá siendo un factor central en la planeación financiera de los hogares colombianos durante 2026, especialmente para quienes destinan una parte significativa de sus ingresos al pago de vivienda.