Este viernes se radicó la ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes del proyecto de reforma a la salud, uno de los que más críticas ha recibido. La frase “ponencia positiva” que se lee en el documento de 527 páginas representa un respiro para una apuesta que ha tenido más críticas que halagos.
El documento quedó firmado por el partido Conservador, el partido de la ‘U’, que sonaban como disidentes; el Pacto Histórico, Comunes, Partido Verde y bancadas de Paz. No están los liberales, que tal como lo había anunciado César Gaviria, su líder natural, en un comunicado, radicarán su propio proyecto en el siguiente periodo legislativo.
En principio, la ponencia agrupa elementos comunes entre los proyectos acumulados, tales como: “la necesidad de fortalecer la Atención Primaria en Salud, los hospitales públicos, la dignificación de las y los trabajadores del sector de la salud y el mejoramiento del flujo de recursos a través del uso del mecanismo del giro directo desde la Adres”.
Así, “se mantiene el enfoque del aseguramiento social en salud como garantía de la atención integral en salud universal”. Además, se mantiene que el Estado incidirá en los Determinantes de la Salud, “con el fin de mejorar las condiciones generales e individuales de vida de los habitantes del territorio nacional; reducir la prevalencia e incidencia de enfermedades y disminuir su carga socioeconómica”. Un punto importante que se detalla en el documento es que las acciones sobre estos determinantes “de manera transversal en los presupuestos de las entidades, y se deberán tener en cuenta al momento de realizar la planeación de estas”.
Uno de los puntos acordados es el diseño y la puesta en marcha del Sistema Público Unificado de Información en Salud. Spuiis, que básicamente consiste en que la historia clínica de los pacientes se pueda revisar en un centro de atención del Amazonas como en la Guajira.
En cuanto a las EPS, que son la piedra angular, es preciso decir que vienen ejerciendo funciones como: asegurar, que según Fedesarrollo es lo que ha permitido que hoy se tenga una cobertura del 93%; intermediar los recursos del Estado, afiliar a usuarios, registrarlos, gestionar el riesgo en salud, entre otras. El proyecto de Gobierno les quitaba muchas de esas funciones y solo las dejaba con realización de auditorías, el manejo de los centros de atención primaria y poco más. Les quitaba su función de aseguradoras y gestoras del riesgo en salud.
En el documento de la ponencia, mencionan que las EPS que “cumplen con los estándares de habilitación y permanencia vigentes en la normatividad, y que deseen continuar participando dentro del Sistema de Aseguramiento Social en Salud, se transformarán en Entidades Gestoras de Salud y Vida en los próximos dos años. Para ello deben presentar un plan de reconocimiento de deudas y pagos respecto de las entidades prestadoras de servicios de salud”.
Luego de esos dos años, las EPS, que se llamarían Entidades Gestoras luego de ese periodo, “podrán ser de naturaleza privada o mixta”.
En el documento se detalla que en ese proceso de transición, las EPS que decidan permanecer “recibirán el valor anual per cápita sin situación de fondos, para los servicios de mediana y alta complejidad, la cual será reconocida mensualmente de acuerdo a las definiciones del Ministerio de Salud y Protección Social, teniendo en cuenta las recomendaciones del Consejo Nacional de Salud”.
“La Superintendencia Nacional de Salud autorizará a través de acto administrativo, el funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud que, a través de su transformación en Gestoras de Salud y Vida, estén interesadas gestionar los servicios de mediana y alta complejidad para la población que se les autorice y contrate y el cumplimiento de las demás funciones que les corresponde”, se lee en el documento.
Se mantiene el giro directo de la Adres, no se permite la integración vertical y se retoma lo propuesto por los partidos en que las ahora Entidades Gestoras “solo recibirán hasta el 5% de los recursos de la UPC para gastos de administración (valor que será estimado en la reglamentación). No recibirán el recurso de la UPC destinada a salud o a pago de prestaciones económicas. Estos recursos estarán centralizados en la ADRES y se girarán directamente a los prestadores de servicios de salud y a los proveedores de tecnologías en salud”.
Un punto que se retomó de lo propuesto por los partidos es que “las acreencias que las EPS liquidadas han dejado en los hospitales públicos serán pagadas gradualmente, con vigencias futuras acordadas con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.
A este articulado le espera el debate en la Comisión Séptima de la Cámara, el de Plenaria de la Cámara y sus homólogos en el Senado, de los que saldrá con modificaciones.