Desde que inició el gobierno del presidente Gustavo Petro, se han presentado múltiples reformas para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. Sin embargo, los impedimentos por parte de la oposición han sido constantes.
Todo este trajín de reformas en el Congreso ha dificultado, en gran medida, que el gobierno nacional avance en sus políticas. Esta situación también se ha visto agravada por los ´remesones´ en el gabinete, que han generado inestabilidad en la ejecución de dichas políticas.
Es importante mencionar que, entre las reformas presentadas, hay una que no ha contado con el respaldo suficiente en sus discusiones: la reforma a la Ley 1622 de 2013 (Estatuto de Ciudadanía Juvenil). Esta es fundamental para la restructuración de la educación superior pública y para fomentar la participación de los jóvenes en los escenarios políticos del país.
Con la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, había grandes expectativas por parte de la juventud para tener una incidencia más estable en las discusiones del país. Sin embargo, esto no ha sucedido como se esperaba, dejando en evidencia una deuda histórica con las juventudes del país.
Por otro lado, está la discusión para reformar la Ley 30 de 1992 sobre Educación Superior, que se ha vuelto obsoleta frente a la realidad estudiantil en todo el país. Como consecuencia, las crisis de financiación en las universidades públicas han estallado este año. Al parecer, esto no le importa al Congreso, pues en los cinco periodos legislativos que han transcurrido, cada vez que se intenta discutir esta reforma, salen con diferentes excusas y terminan archivando el proyecto de ley.
La integralidad, universalidad y calidad de la educación superior no solo requieren una reforma estructural, sino también una profunda reorganización financiera de las instituciones públicas. Es necesario que las Gobernaciones y Alcaldías, en su mayoría distritales, aporten de manera significativa a la protección financiera. Esto evitaría que entre el Ministerio de Educación Nacional y las mencionadas Gobernaciones y Alcaldías se “tiren la pelota”, afectando la formación de los jóvenes.
Si el Congreso y el Gobierno Nacional no priorizan la estabilización de la educación superior del país, en menos de dos años muchas de las universidades más importantes podrían cerrar sus puertas, marcando el inicio del marchitamiento de la educación pública. De esta manera, la derecha lograría su cometido de suprimir y minimizar lo público, como quedó evidenciado en el Proyecto de Ley “Bono Escolar” de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, cuyo objetivo era destinar recursos públicos a instituciones privadas, precarizando aún más la educación pública.
Ojalá este no sea el desenlace. Que lo que el presidente Petro, y muchos otros más, han promovido se convierta en realidad, y que el Congreso entienda que no se trata de egos ideológicos. Porque mientras fueron gobierno por más de veinte años, nunca hicieron nada. Si el Gobierno Nacional promueve estas reformas, debe hacerlo con responsabilidad y asegurarse de que, al menos, se discutan con argumentos reales y no con fantasías del siglo pasado.
– Sebastián Cifuentes