Nicolás Maduro presentó cinco condiciones para sentarse a la mesa convocada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro: la primera, liberar a Alex Saab, el empresario de origen colombiano preso en Estados Unidos, acusado de ser su testaferro.
De hecho, al conocerse su extradición desde Cabo Verde en 2021, la primera respuesta del Ejecutivo venezolano fue levantarse de la mesa de negociación de México. Jorge Rodríguez, jefe de la delegación chavista en la mesa de diálogo, fue quien anunció el retiro del ala oficialista. En ese entonces, aseguró que la extradición es “una agresión inaceptable que viola principios legales internacionales y que contradice el ánimo constructivo que debe privar en toda negociación política”.
En medio de los últimos diálogos con la oposición, que se desarrollaron hasta hace unos meses en México, Maduro también exigió la liberación de Saab. Incluso, lo puso como parte de la delegación oficial negociadora. Ante la imposibilidad de tenerlo en la mesa, incorporó a las negociaciones a Camila Fabri, esposa de Saab. ”Saludamos la incorporación de la defensora de derechos humanos, Camila Fabri de Saab, a la delegación del gobierno de Venezuela, mientras se produce la incorporación plena de nuestro diplomático”, expresó la delegación oficialista en un comunicado.
Saab ha sido vinculado por investigaciones periodísticas con casos de corrupción, relacionados con un programa estatal de distribución de alimentos básicos en Venezuela, así como con el plan gubernamental de viviendas populares. El gobierno de Maduro califica de “ilegal” el juicio contra este empresario, alegando que tenía estatus de “diplomático”. La oposición, en contraste, lo acusa de “testaferro” de Maduro.
Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de ese país, propuso una condicionó más para destrabar los diálogos con la oposición: suspender la investigación que realiza la Corte Penal Internacional (CPI) contra el régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. El gobierno de Maduro pide que se cierre ese caso, un proceso que, explican analistas, no sucede de la noche a la mañana, y menos en el caso de Venezuela, cuando se encontraron méritos para abrir el expediente.
El tercer punto que pide Venezuela para eventualmente restablecer el contacto con la oposición es que Estados Unidos levante las sanciones económicas, la devolución del oro venezolano que está “retenido ilegalmente en el extranjero” y la entrega de US$3.200 millones para un fondo de inversión social que se había acordado con los opositores.
En palabras suyas: “La primera condición es el levantamiento de todas las sanciones ilegales, las medidas coercitivas unilaterales, ilegítimas, ilegales, que desde el año 2015 se han impuesto en contra de Venezuela, casi un número que se acerca a las 1.000 sanciones en contra de nuestra economía, de nuestro petróleo. El dinero de Venezuela que está robado, que está ilegalmente retenido, que está secuestrado; el oro de Venezuela, que está ilegalmente retenido en Inglaterra, los dineros que están en bancos europeos, las utilidades de CITGO, tienen que ser devueltas por completo a quien le pertenece, que es al pueblo de Venezuela”.