Los $100 millones contra la pobreza

Sin anestesia

Por: Cristian Londoño, Contador público, magister en finanzas, líder del movimiento Cívico, social y político Sabaneta coherente.

Todos coinciden en algo: la pobreza es un problema. Nadie en su sano juicio diría que la miseria es deseable o que las personas deberían vivir sin oportunidades. Sin embargo, donde realmente aparecen las diferencias es en cómo se pretende resolverla.

Imaginemos un ejemplo simple: una comunidad pobre y $100 millones disponibles para mejorar su situación. La pregunta es sencilla: ¿qué haría cada visión política con ese dinero?

Un progresista probablemente priorizaría el alivio inmediato. Parte del dinero iría a subsidios directos para las familias, otra parte a programas sociales, talleres comunitarios, alimentación o ayudas educativas. El objetivo es comprensible: que la gente viva mejor hoy. El problema es que, cuando el dinero se acaba, muchas veces la pobreza sigue allí, porque la estructura económica que la produce no cambió.

Un socialista probablemente optaría por crear un proyecto colectivo administrado por el Estado o por la comunidad: una empresa pública, una cooperativa o un programa de empleo garantizado. Todos trabajarían y todos recibirían. La intención es noble: igualdad. Pero el riesgo aparece cuando la eficiencia desaparece. Si el proyecto no es productivo, el dinero se agota y la comunidad vuelve al punto de partida, solo que ahora depende del Estado para sobrevivir.

Desde la izquierda más intervencionista se mezclarían subsidios, regulación y programas estatales. Parte del dinero iría a transferencias, otra a empleo público y otra a políticas sociales. Esto puede mejorar indicadores sociales en el corto plazo, pero si el crecimiento económico no acompaña, la pobreza se administra, pero no necesariamente se supera.

Un enfoque liberal o capitalista haría algo distinto: intentaría convertir esos $100 millones en una máquina para producir riqueza. Créditos para emprendedores, capacitación técnica, herramientas productivas, impulso a pequeños negocios. No todos los proyectos funcionarían porque el riesgo existe, pero algunos crecerían, generarían empleo y empezarían a crear ingresos sostenibles para la comunidad.

Desde una visión más pragmática de derecha, el dinero probablemente se invertiría en condiciones para que la economía funcione: infraestructura, acceso a mercados, formación laboral, incentivos para que empresas inviertan. La apuesta no es repartir riqueza, sino crear más riqueza.

Ahora bien, todo este ejercicio parte de una premisa que en países como el nuestro no siempre se cumple: que los $100 millones realmente lleguen a la comunidad.

Porque si el dinero se pierde en corrupción, contratos amañados, burocracia innecesaria o intermediarios políticos, ninguna ideología funciona. Peor aún: cada modelo fracasa más rápido.

Un programa social se convierte en clientelismo.
Una empresa estatal termina quebrada por la politiquería.
Los recursos para emprendedores se reparten entre amigos del poder.
La infraestructura termina costando el triple o nunca se termina.

La corrupción no solo roba dinero; roba oportunidades.

Y hay otro elemento incómodo en esta discusión: cuanto más grande y más complejo es el Estado, más espacios aparecen para la captura política, la burocracia innecesaria y los desvíos de recursos. La historia latinoamericana está llena de ejemplos donde los recursos destinados a combatir la pobreza terminaron alimentando redes de corrupción.

Por eso la discusión sobre la pobreza no puede limitarse a cuánto dinero se gasta, sino cómo se usa y quién lo controla.

Porque al final hay una verdad que muchos prefieren ignorar:
la pobreza no se derrota repartiendo pobreza, sino creando prosperidad… y defendiendo la honestidad en lo público.

Sin crecimiento económico no hay riqueza que distribuir.
Sin transparencia, cualquier modelo termina fracasando.

Y esa es una conversación que, en Colombia, todavía necesita darse sin anestesia.