Los Cotes: ¿Clan político u organización delictiva?

“El accionar de los Cotes durante sus mandatos como gobernadores lesionó los derechos, intereses y expectativas de las comunidades que esperaban beneficiarse con la vía”, dice un aparte del reciente fallo de la Procuraduría que sancionó a Rosa Cotes de Zúñiga y a su sobrino Luis Miguel Cotes, por las graves irregularidades presentadas durante sus administraciones, especialmente en el proyecto de mejoramiento de la carretera que une a Palermo-Sitio Nuevo-Remolino-Guaimaro, en el departamento del Magdalena (“Vía de la Prosperidad”). De “graves irregularidades” siempre habla la prensa en Colombia, cuando la palabra corrupción suena muy tosca y cruda para designar las típicas marrullerías de la clase dirigente.

Tía y sobrino fueron suspendidos por 1 año y multados con una cifra superior a los cien millones de pesos por sus manejos que comprometieron cerca de medio billón de pesos del erario y del sistema general de regalías. La decisión de la Procuraduría es un duro golpe para una de las familias políticas más poderosas del departamento del Magdalena, quizá la más poderosa. Un clan liderado históricamente por Álvaro Cotes, junto a su hermano Luis, reconocidos desde inicios de los noventa por sus negocios en los sectores bananero y portuario. Durante tres décadas han puesto alcaldes, diputados, gobernadores, concejales, etc., y son, junto a los Char, los Gnecco, los Araujo, los Díazgranados, Los Vives Lacouture, entre otras adineradas familias, los más fuertes músculos que tienen en la costa norte los políticos más oscuros del país como Álvaro Uribe Vélez o Germán Vargas Lleras.

Francisco “Chico” Zúñiga, cuñado de los hermanos Cotes y esposo de la ahora sancionada Rosa, fue el primero en incursionar en política, nombrado por el entonces presidente César Gaviria. Después Álvaro (padre) intentó infructuosamente llegar a varios puestos de elección popular. Luego fue vinculado a investigaciones por parapolítica debido a señalamientos de alianzas con miembros del Bloque Norte de las AUC.

En 2008 Luis Miguel Cotes llegó a la asamblea y en 2012 a la Gobernación del Magdalena. En 2016 obtuvieron su segundo triunfo consecutivo en la administración departamental, esta vez en nombre de Rosa Cotes, quien terminó su periodo el 31 de diciembre de 2019. Carlos Caicedo les propinó una fuerte derrota electoral en las pasadas elecciones al quedarse no solo con el primer cargo del departamento, sino también con la Alcaldía de Santa Marta con su ahijada política Virna Johnson. En el Magdalena cambió el ajedrez político y con ello se arreciaron los ataques contra Caicedo. Que un candidato independiente, que no contaba con un poder descomunal económico ni mediático como el de sus directos contrincantes, los haya sacado de la administración departamental, fue un golpe del que aún no se reponen. Hasta a las agresiones físicas y verbales contra Caicedo recurrieron, como la vez que el patriarca del Clan, Álvaro Cotes, en pleno aeropuerto El Dorado, agredió con golpes en la cara al actual gobernador del Magdalena; o la vez que este mismo señor le apuntó con una pistola a Caicedo cuando se cruzaron en el parqueadero de un restaurante. Y en redes sociales ni hablar.

Todos los días los Cotes, en especial Luis Miguel “El Mello”, atacan con ahínco y con sustentos endebles la administración de Caicedo. Las amenazas se han incrementado desde que empezó su mandato. Caicedo ha recibido más de tres amenazas de grupos paramilitares y se supo de un plan para matarlo. Organizaciones de derechos humanos internacionales exigieron al gobierno y a la Fiscalía brindar protección al gobernador. Las campañas de los Cotes han sido patrocinadas por latifundistas, ganaderos y palmicultores, sectores que históricamente han estado ligados con el paramilitarismo. ¿Qué intereses se mueven detrás de las amenazas y planes de asesinato contra Caicedo? ¿Estará la fiscalía de Barbosa, gran amigo de Duque, a la altura de las exigencias constitucionales y dará con los responsables?

El poder del célebre Clan Cotes parece ser directamente proporcional al número de investigaciones en las que están incursos: delitos contra la administración pública, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, peculado, corrupción y fraude al sufragante, injuria, concierto para delinquir, y una cola larga de procesos es la que arrastra esta familia, que, de ser hallados culpables, podría hablarse ya de una organización criminal que ha cooptado una parte del Estado (Magdalena y regiones contiguas), que ha tejido una gruesa red de clientelismo y se ha enriquecido a costa de la pobreza pública, como ha pasado tantas y tantas veces en Colombia con muchos clanes que hoy no tienen piso moral para hablarle a la opinión pública ni para ostentar cargos de elección popular o en las dependencias gubernamentales.