No hubo negocio oscuro: Ministro de Minas actuó con legalidad y necesidad frente al desabastecimiento

En los últimos días, ciertos sectores han levantado acusaciones infundadas contra el Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, por autorizar la importación de combustibles por parte de la empresa Primax. Algunos medios de comunicación, como Las2Orillas, han insinuado, sin sustento técnico ni pruebas documentales, que esta decisión pondría en riesgo la estabilidad de Ecopetrol o respondería a supuestos favores hacia capitales internacionales. Sin embargo, un análisis riguroso de los hechos y la normativa vigente demuestra que tales afirmaciones no resisten el menor escrutinio.

Los jeques de Arabia Saudita dueños de Primax que coronaron negocio con el Ministerio de Minas. Saudi Aramco la petrolera más grande del mundo llegó a Colombia cuando compró Primax, ahora se le autorizó la importación de 5 mil… https://t.co/nTBuaudMsn

— Las2orillas (@Las2Orillas) May 12, 2025

El contexto real de la importación

La importación de entre 100.000 y 130.000 barriles de gasolina por parte de Primax no fue una decisión improvisada ni aislada. Fue autorizada por el Director de Hidrocarburos, bajo criterios técnicos, logísticos y financieros, como lo permite el marco legal vigente. Estos volúmenes representan una fracción mínima: apenas entre el 5% y el 7% de lo que Ecopetrol importa regularmente, y no más del 2% al 3% del total de combustibles que abastecen al país. Es decir, su impacto sobre el mercado es marginal.

Más importante aún, esta medida respondió a una situación de abastecimiento crítica en zonas históricamente desatendidas como Nariño y el Pacífico colombiano, regiones donde el suministro de combustibles ha sido recurrentemente irregular. Lejos de tratarse de una jugada política, fue una acción orientada a garantizar los derechos básicos de la población de estos territorios, cuya conectividad y economía dependen del acceso constante y seguro a los energéticos. Así lo entendieron y celebraron diversas autoridades locales, que vieron en esta operación una solución efectiva y oportuna.

Lástima que @Las2Orillas quien fue mi casa por muchos años haya terminado en esto sin el más mínimo rigor periodístico. Creerle a alguien que dice que yo viajé con el Presidente a Arabia o que los árabes ya son dueños de una empresa que comercia hace años con el país, dice mucho… https://t.co/yaXBn1RUIJ pic.twitter.com/DI7Ej45R8L

— Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) May 13, 2025

Pronunciamiento del Ministro Palma en X.

La normativa respalda la decisión

Desde la expedición de la Resolución 180522 de 2010, y su modificación posterior con la Resolución 40736 de 2015, el Ministerio de Minas y Energía está facultado para autorizar directamente importaciones de combustibles en casos de necesidad o desabastecimiento. La ley no obliga a realizar subastas públicas para este tipo de decisiones cuando no se está solicitando apoyo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Es más, el espíritu de esta normativa es precisamente permitir respuestas ágiles del Estado ante situaciones que puedan poner en riesgo la continuidad del suministro.

De hecho, en este caso particular no hubo ninguna afectación al FEPC. La operación se realizó sin que Primax solicitara compensaciones, y por el contrario, generó beneficios financieros tangibles al sistema. Resulta llamativo que algunos de los críticos omitan estos datos fundamentales y prefieran alimentar narrativas que desconocen el marco regulatorio y la lógica del sistema energético nacional.

Lee la Resolución completa aquí RESOLUCIÓN 40736 DE 2015

¿Y Ecopetrol?

Curiosamente, quienes han levantado la voz por un supuesto debilitamiento de Ecopetrol debido a esta operación, no han mostrado el mismo nivel de preocupación frente a un problema estructural mucho más delicado: el reiterado incumplimiento por parte de Ecopetrol en la entrega de combustibles según las nominaciones pactadas con mayoristas. Este fenómeno, documentado por diferentes actores del sector en los últimos cuatro años, ha generado costos económicos reales para los distribuidores y ha afectado la competitividad del mercado. Si de verdad se quiere proteger a la estatal, el debate debería centrarse en cómo fortalecer su capacidad operativa y logística, no en obstaculizar acciones que resuelven fallas de corto plazo.

Cuando la política se disfraza de escándalo

Resulta preocupante que algunos actores mediáticos y políticos pretendan construir un escándalo donde no lo hay, tergiversando hechos y promoviendo teorías de conspiración sin sustento. Las insinuaciones sobre supuestos intereses árabes tras la operación ignoran por completo la trayectoria de Primax, una empresa que opera en Colombia desde 2018, y que ha cumplido con todos los requisitos legales para sus actividades. Esta narrativa no solo es imprecisa, sino que también incurre en un riesgo mayor: socavar la confianza ciudadana en las decisiones técnicas del Estado.

Lo ocurrido no fue un negocio bajo la mesa ni un favor a intereses externos. Fue una medida ajustada a la ley, guiada por el deber de garantizar el suministro en territorios marginados y ejecutada con plena transparencia. Una decisión técnica, no política, que sirvió al interés público y no a intereses particulares.

La pregunta de fondo, entonces, no es si hubo un favorecimiento (porque no lo hubo), sino quién se beneficia de sembrar desinformación. ¿Quién gana cuando se socava la credibilidad institucional con versiones incompletas o malintencionadas? Definitivamente no las comunidades que ahora sí tienen combustible, ni el país que espera decisiones firmes frente a los desafíos de la transición energética y la seguridad del abastecimiento.