Desde que el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció en su programa de gobierno una reforma a la salud, mucho se ha especulado sobre qué pasará con las EPS.
No es para menos, pues estas organizaciones son el pilar del paradigma impuesto hace treinta años por la Ley 100 sobre la prestación del servicio de salud en el país y que, a lo largo de los años, ha suscitado diferentes críticas.
A continuación, se presentará un resumen de los argumentos expuestos por el gobierno colombiano al respecto de esta decisión.
¿Qué son las EPS?
Las Entidades Promotoras de Servicios de Salud (EPS) son el conjunto de empresas privadas que se encargan de administrar los recursos, tanto públicos como particulares, para garantizar “la prestación del Plan de Salud Obligatorio (POS) a los afiliados y girar, dentro de los términos previstos en la presente Ley, la diferencia entre los ingresos por cotizaciones de sus afiliados y el valor de las correspondientes Unidades de Pago por Capitación al Fondo de Solidaridad y Garantía, de que trata el Título III de la Ley 100/93”.
Es decir, son un intermediario entre el Estado, los Institutos Prestadores de Servicios de Salud (IPS) y las personas que se encuentran afiliadas al POS. Su función principal es administrar el dinero otorgado por el estado y las personas afiliadas para garantizar la prestación de los diferentes servicios de salud.
El cambio que propone la reforma
Uno de los puntos más controversiales del actual proyecto de reforma a la salud es la intención de recuperar el manejo público de los recursos públicos, lo cual tiene como una de tantas consecuencias la eliminación de la intermediación que suponen las EPS en la actualidad.
De acuerdo a la intervención de la Ministra de Salud en la Academia Nacional de Medicina, esto se llevará a cabo bajo dos directrices: la gobernanza, rectoría y dirección del sistema, y el manejo financiero de los recursos de salud.
Intervención de Carolina Corcho en la Academia Nacional de Medicina.
Foto: Twitter de Carolina Corcho (@carolinacorcho)
Gobernanza, rectoría y dirección del sistema
La gobernanza, rectoría y dirección del sistema tiene como objetivo principal recuperar una de las figuras de la Ley 100: el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Se trata de un organismo adscrito al Ministerio de Salud donde participan diferentes organizaciones de la sociedad civil.
Al contrario de lo que se ha difundido al respecto, su función no sería manejar el dinero sino discutir las directrices de la política pública en salud en el país, garantizando su legitimidad al priorizar la participación de diferentes representantes de la ciudadanía colombiana (organizaciones médicas, etnias, academia, empresarios, etc). Este consejo tendría una instancia nacional y varias a nivel departamental con el objetivo principal de diseñar políticas públicas y estrategias de prevención-atención específicas de acuerdo a las necesidades de cada territorio del país.
“Uno no decide las prioridades del sistema de salud de manera tecnocrática sentado en un escritorio en Bogotá (…) Las comunidades tienen sus problemas diferenciales de salud: en el Cauca es muy distinto cómo tiene que operar en Antioquia”, afirmó la ministra Corcho en su intervención.
Manejo financiero de los recursos de salud
Por su parte, el manejo financiero de los recursos públicos se hará a partir de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
Creada en el gobierno de Juan Manuel Santos, es la entidad adscrita al Estado que “gestiona y protege el adecuado uso de los dineros que soportan la prestación de los servicios de salud, así como de los pagos, giros y transferencias que se debe realizar a los diferentes agentes que intervienen en el mismo sistema”. Y, así mismo, es el responsable del manejo de los recursos fiscales, parafiscales y del SGP y, también, tiene el trabajo de girar el dinero a las EPS para su respectiva administración.
El actual proyecto de reforma a la salud busca que el Fondo ADRES asuma las tareas delegadas a las EPS, pasando ser de un ente girador a uno pagador y administrador. Para lograr esto, la propuesta del actual Ministerio de Salud es consolidar el fondo como una instancia centralizada y desconcentrada por corbes y columnas regionales.
Cada uno de estos segmentos tendrá un gerente, el cual será designado de manera meritocrática por una junta tripartita conformada por los empresarios, los trabajadores y el gobierno. Y. a nivel general, asumirán los convenios con las redes de prestación de servicios de salud .
Esto es tan solo un fragmento del proyecto de reforma a la salud que será propuesta por el gobierno actual, el cual tiene como propósito principal potenciar los avances alcanzados en términos de afiliación y cobertura, para garantizar una atención en salud más efectiva al eliminar la cooptación clientelar instrumentalizada por ciertos grupos de personas sobres la EPS.
En este sentido, es necesario aclarar que el propósito principal de esta propuesta de reforma no es eliminar las EPS, sino que esto es una consecuencia de un cambio estructural más amplio y complejo que busca garantizar los principios de La ley estatutaria 1751 de 2015, la cual establece la salud como un derecho fundamental en Colombia.
Así mismo, se debe tener en cuenta que la propuesta de reforma se encuentra en su etapa final de escritura y estructuración, para luego ser presentada ante el Congreso de la República y empezar el respectivo proceso de discusión. Por lo tanto, los contenidos socializados hasta el momento por el gobierno y el Ministerio de Salud, así como los borradores del documento que se han filtrado, no son certezas ni un directrices a ser ejecutadas y están dispuestas a tener modificaciones antes de su presentación para discusión pública.
Sin embargo, quedan muchas preguntas abiertas ¿Cómo van a garantizar a la ciudadanía que esta propuesta, particularmente lo referido a la parte financiera, no será objeto de cooptación clientelar como sucedió con las EPS? ¿De qué manera se hará la transición y cómo van a garantizar la eficiencia del servicio? Si bien las declaraciones de Carolina Corcho al exponer los principios de la reforma resultan bastante esperanzadoras, es deber del gobierno de resolver de manera detallada la incertidumbre que genera este cambio estructural en la prestación del servicio de salud.