Por: John Sánchez*
Las remesas no son un tema accesorio de la economía colombiana: son el salvavidas de millones de familias. En 2024, alcanzaron los 11.848 millones de dólares, equivalentes a casi el 3 % del PIB. Solo en los primeros siete meses de 2025 ya sumaban 7.570 millones de dólares, con un crecimiento superior al 14 %. Casi la mitad de esos envíos proviene de Estados Unidos. Es decir, lo que ocurra en la relación bilateral con ese país impacta directamente el sustento de millones de colombianos.
El problema es que esa relación hoy se encuentra en un terreno minado. El presidente Gustavo Petro y Donald Trump han protagonizado choques que van más allá de los discursos. Tras un pronunciamiento de Petro en Nueva York, en el que cuestionó la política exterior estadounidense y pidió a soldados desobedecer órdenes, la reacción fue inmediata: Estados Unidos le revocó la visa. El mensaje no fue solo diplomático, fue también un recordatorio de que los permisos de entrada y movilidad pueden usarse como armas políticas.
Ya en enero de este año, Colombia había rechazado el aterrizaje de aviones militares que transportaban migrantes deportados. La decisión derivó en amenazas de aranceles de hasta el 50 %, suspensión de visas para funcionarios y restricciones consulares. Aunque luego se alcanzó un acuerdo, la crisis dejó claro que una confrontación de alto nivel puede escalar rápidamente y golpear directamente a la comunidad migrante.
Cuando la política exterior se convierte en un pulso personal, los primeros afectados no son los gobiernos, sino los ciudadanos. Una crisis diplomática no se queda en titulares: se traduce en más trabas para acceder a visas, en demoras consulares, en controles adicionales en aeropuertos y en incertidumbre para quienes buscan trabajar, estudiar o reunirse con sus familias en Estados Unidos. Y detrás de cada uno de esos procesos está la posibilidad de seguir enviando dinero a Colombia, o de ver ese flujo encarecido y limitado.
Los riesgos son múltiples. Si las transferencias internacionales se encarecen por mayores controles financieros, los migrantes pueden recurrir a canales informales más costosos e inseguros. Si la tensión política deprecia al peso, las remesas pierden poder adquisitivo en los hogares que las reciben. Y si las sanciones comerciales golpean exportaciones clave como café o flores, miles de empleos se verán comprometidos, lo que aumenta aún más la dependencia de esas divisas que llegan del exterior.
Por eso, Colombia debe elevar la protección de las remesas a una prioridad de política pública y diplomática. Se requieren acuerdos bilaterales que garanticen que estos flujos no sean objeto de sanciones ni restricciones, incluso en escenarios de crisis. También es necesario impulsar medidas internas para abaratar los costos de envío, ampliar el acceso a canales formales y fortalecer la educación financiera de los hogares receptores.
Más allá de las diferencias ideológicas entre mandatarios, el interés superior debe ser la defensa de quienes dependen de las remesas para subsistir. Lo que está en juego no es únicamente la relación política entre Petro y Trump, sino la vida diaria de millones de colombianos que reciben esos giros para pagar estudios, atender emergencias de salud o sostener sus hogares.
Las remesas son un puente económico y humano que conecta a los migrantes con su país. Blindarlas frente a la inestabilidad diplomática no es solo una estrategia económica: es un imperativo ético y social. Colombia no puede permitir que la confrontación entre líderes se traduzca en hambre e incertidumbre para las familias. Defender las remesas es defender la dignidad de quienes, desde la distancia, sostienen a este país.
*Abogado experto en migración y derechos humanos, CEO de Migration & Business.