En el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo que se conmemora este 28 de abril, el país enfrenta una realidad ineludible: la salud mental de la población en edad productiva se ha convertido en un factor crítico para el bienestar social y el desarrollo económico.
A nivel global, las cifras continúan generando alerta. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 840.000 personas pierden la vida cada año como consecuencia de enfermedades cardiovasculares y trastornos mentales asociados a factores de riesgo psicosocial, en los entornos laborales, como largas jornadas, altas demandas de trabajo, desequilibrio esfuerzo-recompensa, inseguridad laboral y acoso o violencia en los entornos de trabajo. Adicionalmente, estos riesgos provocan la pérdida anual de cerca de 45 millones de años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) lo que, según la OIT, supone una pérdida anual del 1,37 por ciento del PIB mundial.
En Colombia, la situación no es ajena a esta tendencia. De acuerdo con el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), con base en información del Sistema Integrado de Información de la Protección Social (SISPRO), las Estadísticas Vitales del DANE y los reportes al Centro de Información de Seguridad sobre Productos Químicos (Cisproquim®) del CCS, el comportamiento de la salud mental en los últimos 10 años (2015-2024) evidencia un aumento sostenido en la demanda de atención en salud mental y en los impactos económicos asociados.
En 2024 (información más reciente) más de 83.000 personas en edad productiva ─ entre 15 y 64 años─, fueron atendidas por episodios depresivos, cifra que, aunque menor frente al pico evidenciado en 2022, duplica los registros de hace una década. Las mujeres representan el 70 % de estos casos y los jóvenes entre 15 y 19 años concentran la mayor proporción de atenciones (16,7 %).
“Este hallazgo es relevante, considerando que este grupo representa la etapa de entrada a la vida laboral o educación superior y, en este sentido, la fuerza laboral que ingresará al mercado de trabajo en el corto y mediano plazo (2 a 5 años) podría estar llegando con una importante carga de morbilidad mental. En comparación con 2015, los registros de atención en salud por trastornos depresivos en población menor a 30 años se triplicaron en la última década”, indicó Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del CCS.
En cuanto a la cobertura, se estima que en 2024 solo el 49,2 % de las personas que requirieron atención en salud mental la recibieron, lo que evidencia brechas importantes en el acceso y la continuidad de los tratamientos.
Trabajo y salud mental: una relación determinante
El entorno laboral juega un papel clave en este panorama. Durante 2024, se reportaron 6569 personas atendidas por problemas relacionados con el empleo, un 38,2 % más que en 2023 y casi tres veces más que hace una década.
Las mujeres representan el 62,6 % de estos casos, mientras que el grupo entre 30 y 44 años concentra el 43,2 % de las atenciones, siendo la población de 40 a 44 años la más afectada, al registrar la mayor tasa de atenciones por 100.000 habitantes (26,22).
“Factores como el desempleo o las amenaza de este, condiciones laborales inadecuadas como la informalidad, la precarización, los horarios extensos, las relaciones laborales, el acoso y la elevada carga física y/o mental para realizar una labor, entre otros, estarían detonando trastornos potencialmente psíquicos o psicosociales en la población en edad productiva” destacó Solano Luque.
Panorama nacional del suicidio
Uno de los indicadores más críticos es el comportamiento del intento de suicidio. En 2024, se registraron 30.818 casos en población en edad productiva, lo que equivale a un aumento de 18 veces respecto a los 1704 eventos reportados una década atrás. Este comportamiento representa una tendencia al alza sostenida y un acumulado de 222 mil casos en los últimos 10 años. Por su parte, la tasa fue de 86,98 por cada 100 mil habitantes con una mayor incidencia en jóvenes entre 15 y 19 años (30,9 % del total de eventos atendidos). A su vez, las mujeres concentraron el 63,9 % de los casos.
Revisando el comportamiento por distribución geográfica en 2024, Bogotá registró el mayor número de intentos de suicidio (4980 casos), seguida de cerca por Antioquia (4957) y Valle del Cauca (2565). Sin embargo, al analizar las tasas por cada 100 mil habitantes, los intentos de suicidio se concentran principalmente en el eje cafetero y la región amazónica, donde Vaupés lidera ampliamente (364,93), seguido de Amazonas (171,60) y Risaralda (146,28).
Así mismo, entre 2015 y 2024, el Centro de Información de Seguridad sobre Productos Químicos (Cisproquim®) del Consejo Colombiano de Seguridad atendió más de 48.000 casos de intoxicaciones con intención suicida, con un incremento del 55 % en ese periodo, representando el 49,1 % del total de intoxicaciones registradas con agentes químicos.
En cuanto a eventos materializados, según las cifras del Sistema de Estadísticas Vitales del DANE, entre 2015 y 2024 se registraron 24.230 muertes por esta causa en el país con una tendencia de incremento en el número de fallecimientos, siendo un 29,3 % superior en 2024 frente al dato registrado una década atrás, lo que evidencia una problemática de salud pública de alto impacto. El 80,3 % de los casos corresponden a hombres fallecidos, lo que indica que, aunque las mujeres tienen mayor incidencia en intentos de suicidio, es en los hombres donde más se materializan los eventos, así mismo, son ellos quienes menos consultan por episodios de depresión. Por grupo de edades, los casos predominan en población de 20 a 24 años (17,1 %).
¿Qué impacto tiene la salud mental sobre la productividad?
El impacto de la salud mental trasciende el ámbito individual y social, afectando directamente la economía nacional. De acuerdo con estimaciones del Consejo Colombiano de Seguridad, las muertes asociadas a trastornos mentales y de comportamiento han generado pérdidas superiores a 4464 millones de dólares en productividad en la última década. Esta cifra es 2,3 veces superior frente a la estimación reportada por el CCS en 2022 (periodo 2013–2022), lo que confirma una intensificación de la carga económica asociada a estas causas.
Adicionalmente, el impacto en la productividad laboral asociado a muertes por lesiones autoinfligidas intencionalmente alcanzó los 96.283 millones de dólares en los últimos 10 años.
Solo en 2024, el costo asociado a estas problemáticas fue de 13.800 millones de dólares, equivalente al 3,3 % del PIB nacional de ese año, lo que refleja la magnitud del desafío.
De acuerdo con Solano Luque, “los lugares de trabajo pueden ser entornos protectores o de riesgo para la salud mental. Todo depende de cómo se gestionen los factores psicosociales y de qué tan madura y consolidada esté la cultura del cuidado centrado en la persona, en donde todo ser humano debe ser comprendido, valorado y se propenda por la conciliación de sus diversos roles”.
Por ello, en el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el CCS hace un llamado a las organizaciones a avanzar hacia modelos de ‘empresas mentalmente saludables’, donde este sea un eje estratégico, se promueva el liderazgo empático, se fortalezcan los programas de prevención y protocolos de intervención claros de trastornos mentales, creando espacios donde los trabajadores puedan compartir experiencias con confianza y actuar como una red de contención adicional, reduciendo el estigma asociado a las condiciones de salud mental. Este enfoque contribuye, al mismo tiempo, a mejorar la productividad y la resiliencia organizacional.
La normativa colombiana ha avanzado significativamente en este frente, con herramientas como la batería de riesgo psicosocial, la ley de desconexión laboral y el reconocimiento de la salud mental como un derecho fundamental. Sin embargo, el reto está en su implementación efectiva.
La salud mental en el trabajo no puede seguir siendo un tema secundario. Se trata de un componente esencial para la calidad de vida de los trabajadores, la sostenibilidad de las empresas y el desarrollo del país.
Acerca del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS)
El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1954, reconocida como el referente técnico de la industria colombiana en seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental.
A través del cuidado de las personas y el reconocimiento de los trabajadores como eje de las estrategias organizacionales, impulsa la competitividad y la gestión sostenible de las empresas colombianas.
Adicional, aporta al desarrollo de conocimiento, la divulgación de buenas prácticas, la innovación y el respaldo técnico. Contribuye de manera activa a la sostenibilidad del país generando soluciones efectivas y aplicables para la gestión de riesgos laborales y ambientales, apoyados en un equipo humano altamente especializado y comprometido con la excelencia.