El Penthouse del Uribismo: De guarida narco a centro de guerra sucia digital
La SAE recuperó el penthouse en El Poblado, que fue usado irregularmente por activistas digitales y figuras políticas cercanas al uribismo. - Foto: RTVC
Un elegante penthouse en Medellín, antes propiedad de la mafia y destinado a la reparación de víctimas del conflicto armado, terminó siendo la base de operaciones de un grupo de activistas digitales y figuras cercanas al uribismo. La Sociedad de Activos Especiales (SAE), en coordinación con la Policía Nacional, logró recuperar este dúplex de 389 m² ubicado en El Poblado, que había sido entregado irregularmente durante el gobierno de Iván Duque.
En el centro del escándalo se encuentra Carlos Escobar Marín, conocido activista político y hacker, quien ocupaba el inmueble pese a que su contrato había sido terminado desde hacía meses. Escobar, condenado en Estados Unidos por fraude bancario, utilizaba el penthouse como centro de reuniones y base para campañas de desprestigio político, en las que se coordinaban ataques digitales contra figuras del Pacto Histórico, medios de comunicación y críticos del expresidente Álvaro Uribe.
La adjudicación del apartamento se dio bajo un contrato de arrendamiento a nombre de Jennifer Blanco Nieto, familiar directa de Linda Katherine Blanco, pareja de Escobar. El canon mensual era de apenas tres millones de pesos, muy por debajo del valor comercial estimado en quince millones. El contrato se firmó en 2021, cuando la SAE estaba bajo el mando de funcionarios cercanos al uribismo, como Andrés Ávila y María Isabel Rodríguez Parrado, esta última prima de Blanco y actual funcionaria de la entidad.
Los registros del caso apuntan a que por el penthouse pasaron políticos como la senadora María Fernanda Cabal, el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, el exsenador Fincho Cepeda y la representante Saray Robayo. Escobar habría sido asesor de esta última durante sus campañas políticas. En el lugar también se habrían realizado fiestas privadas con presencia de figuras como el exfutbolista Faustino Asprilla y el senador Jonatán Tamayo Pérez, alias “Manguito”.
El operativo de desalojo, ejecutado recientemente, estuvo marcado por la resistencia de Escobar, quien insultó a los funcionarios públicos y acusó al gobierno de persecución política. “Vienen es a robar, yo conozco a estas gonorreas”, gritó mientras los agentes recuperaban el bien del Estado. Testigos también lo escucharon lanzar improperios sexistas y amenazas.
Vecinos del edificio venían denunciando desde 2021 hechos como disparos al aire, ruidos constantes y actos vandálicos, incluyendo el lanzamiento de una nevera desde la terraza. Los testimonios refuerzan la imagen de un inmueble convertido en guarida de excesos, privilegios y manipulación informativa, muy lejos del objetivo original de la SAE: servir a la reparación de las víctimas del conflicto armado.
La Fiscalía investiga posibles delitos de falsedad documental, concierto para delinquir y uso indebido de bienes públicos. Entretanto, la SAE anunció que el inmueble será reasignado bajo estándares de transparencia. El Consejo Superior de Política Criminal evalúa ampliar la investigación a otros bienes entregados durante gobiernos anteriores.
Por ahora, ninguna de las figuras señaladas en los documentos y testimonios –Cabal, Zuluaga, Cepeda o Robayo– ha respondido a los llamados de los medios ni ha emitido declaraciones públicas. La recuperación del inmueble pone nuevamente bajo la lupa el uso político de los activos incautados y la necesidad urgente de reformar los mecanismos de adjudicación para evitar que estructuras mafiosas sean reemplazadas por redes de poder político.
Las redes hablaron
En la Red social X, El hashtag #UribismoEnLaSAE se ha consolidado como tendencia, reflejando una creciente preocupación ciudadana por presuntas irregularidades en la adjudicación y uso de un inmueble incautado al cartel de Envigado. A través de esta etiqueta, usuarios y activistas denuncian la supuesta participación de operadores políticos vinculados al uribismo, quienes habrían utilizado el penthouse para orquestar campañas de desinformación y ataques contra el gobierno actual. La discusión pública bajo #UribismoEnLaSAE exige una investigación exhaustiva y transparencia en la gestión de los activos de la Sociedad de Activos Especiales, en busca de responsabilidades claras y justicia.
Paloma Valencia se rasga las vestiduras cada semana pidiendo la renuncia de algún ministro, pero guarda silencio frente al escándalo de su gente en la SAE.
Un exconvicto como Carlos Escobar viviendo en un penthouse incautado, contratos para Lindak Blanco,… pic.twitter.com/d5rlKFUtWk
— Elizabeth Ortíz (@ElizbethCristi7) May 20, 2025
Jajajaja y el hijueputa con la esposa trabajando adentro de la SAE #UribismoEnLaSAE
De verdad que el Uribismo es un concierto para delinquir. pic.twitter.com/C7pVmZfksg— Joha 🏳️🕊️🇨🇴🇵🇸 (@LaPacifiKa) May 20, 2025
SAE recuperó un lujoso inmueble incautado al cartel de Envigado que operadores del uribismo convirtieron en centro de operaciones políticas y desinformación. La red involucra a figuras como María Fernanda Cabal, Óscar Iván Zuluaga y Carlos Escobar Marín.
Agradecimientos de información a: https://www.antioquiacritica.com/propuesta-para-reparar-victimas-con-bienes-expropiados-incluye-los-controversiales-narcoalquileres/
