Acción popular contra proyecto Vive Claro en Bogotá
Un caos para los habitants de la zona se convirtió el escenario ilegal de Ocesa, Vive Claro.
La Fundación Misión de Observación del Deporte, Recreación, Actividad Física y Aprovechamiento del Tiempo Libre (Modera) informó que el 26 de agosto de 2025 se instauró una Acción Popular con el respaldo de más de 60 residentes de los barrios Salitre Greco, La Esmeralda, Pablo VI, Quirinal y sectores aledaños. La medida se dirigió contra las presuntas irregularidades del contrato 078 de 2023, firmado entre la Gobernación de Cundinamarca, la Beneficencia de Cundinamarca y Ocesa Colombia S.A.S. para el desarrollo del proyecto Distrito Verde “Vive Claro” en los lotes 15 y 16 del Parque Metropolitano Simón Bolívar.
Reclamos sobre Vive Claro
Según la fundación, el contrato presentó falencias en su etapa precontractual y en la ejecución. “El proyecto desconoce principios esenciales relacionados con el derecho colectivo a un ambiente sano, el uso adecuado del espacio público y la seguridad”, señaló el comunicado.
El pasado 24 de agosto, durante el concierto de Green Day, realizado en el escenario de Vive Claro, asistieron más de 35.000 personas. En esa ocasión, los vecinos denunciaron que los niveles de ruido y vibraciones superaron los 90 Hz permitidos por la normatividad ambiental vigente, lo que afectó la tranquilidad de la comunidad.
Solicitud de suspensión del contrato
La Acción Popular incluyó la petición de suspender inmediatamente el contrato 078 de 2023, así como las actividades o eventos futuros en el escenario. Además, se hizo un llamado a los organismos de control para investigar el proceso desde su etapa precontractual hasta su ejecución.
Los firmantes indicaron que el propósito es proteger los derechos colectivos de los residentes y prevenir posibles riesgos asociados con la infraestructura y el impacto ambiental.
Contexto y próximos pasos
La Fundación Modera insistió en que el proyecto debe cumplir con criterios jurídicos y técnicos que garanticen la calidad de vida de los habitantes. El caso ahora queda en manos de los entes de control, que deberán establecer si existieron irregularidades y definir el futuro del proyecto Vive Claro.
Para conocer más sobre procesos similares en Bogotá, consulte esta nota en LadoB o revise información oficial de la Procuraduría General de la Nación.
