Becas sin mérito y sin equidad

Por: Claudia Escobar García (*)

Al lado de las políticas del actual gobierno que han capturado el protagonismo en el debate público, como las relativas a la paz, a la política tributaria y fiscal, al incremento en el salario mínimo o al sistema de salud, se encuentran otras de menor alcance y de más bajo perfil, sobre las cuales el escrutinio ha sido escaso o nulo. Pero unas y otras responden al mismo talante. En ambos casos el denominador común ha sido el tinte populista, la superficialidad, la carencia de rigor y solidez, y las inconsistencias internas.

Esto es precisamente lo que devela el análisis de las políticas implementadas por el ICETEX para seleccionar a los beneficiarios de las becas para estudios en el exterior. El costo de estas falencias no es menor, pues incide directamente en el acceso de los colombianos a la educación superior.

Para los programas de pregrado, por ejemplo, la evaluación se efectúa con una calificación de hasta 100 puntos, de los cuales 25 corresponden a los resultados de las Pruebas Saber, 25 al promedio académico en el bachillerato, 25 al factor socioeconómico y 25 al dominio del idioma extranjero. Adicionalmente, se contempla la posibilidad de obtener 10 puntos adicionales por residir en municipios con categoría 5 y 6, o por pertenecer a “comunidades étnicas”, esto es, a pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, o al pueblo rom. En caso de empate, se priorizan a las mujeres y a quienes tienen un mejor dominio del idioma.

El ICETEX subestima la importancia de la idoneidad intelectual, y en cambio sobre estima la relevancia de la vulnerabilidad socio económica.

El resultado en las Pruebas Saber tiene el mismo valor que el denominado “factor socio económico”. Además, la circunstancia de residir en un municipio de baja densidad y con bajos ingresos fiscales, o de pertenecer a una minoría étnica, confiere un importante puntaje adicional, que equivale a casi la mitad de lo que se puede obtener por el mérito académico.

Sin embargo, los gobiernos y las organizaciones extranjeras que entregan cuantiosos recursos para el otorgamiento de las becas, confían al ICETEX, no la misión de reclutar a los colombianos más vulnerables ni a los más diversos desde el punto de vista étnico, sino a los más aptos para cursar los programas académicos. Y, bajo las nuevas directrices, este cometido no se satisface.

En lugar de promover activamente un modelo que asegure la calidad de la educación en el país, se asume que los habitantes de pequeños municipios y los que pertenecen a minorías étnicas o a los estratos socios económicos más bajos, están condenados a tener un bajo desempeño académico, y, a modo de contrición, se compensa el vacío anterior otorgando incentivos para inducir de manera artificiosa el otorgamiento de becas a quienes se estima más vulnerables.

Siguiendo las pautas gubernamentales, el joven bogotano que reside en un barrio estrato 6 y obtiene 390 puntos en las Pruebas Saber, tendrá 30 puntos por la sumatoria del factor socioeconómico y del criterio académico, mientras que el residente en el municipio de Cogua que obtuvo 301 en esta misma prueba, obtendrá 51 por ambos componentes.

Más allá del debate sobre las medidas afirmativas en favor de grupos vulnerables o de minorías étnicas, lo cierto es que el modelo estructurado por el ICETEX ni siquiera es consistente con el propósito de favorecer o privilegiar a tales colectivos.

Los colombianos residentes en el extranjero obtienen 0 puntos por el factor socio económico, incluso si habitan en los barrios más pobres en el país foráneo, y obtienen ingresos exiguos lavando platos o trapeando pisos.

También existen evidencias abrumadoras sobre las deficiencias de la estratificación o de la categoría de los municipios como mecanismo para determinar la situación socioeconómica de las personas.

La joven que habita en una lujosa casa en el municipio de La Calera en una zona calificada como estrato 1 o 2, y estudia en un colegio privado de alto costo en la ciudad de Bogotá podría obtener la calificación máxima por el factor socioeconómico, y además recibir hasta 10 puntos adicionales por residir en un municipio categoría V. Además, en caso de empate, tendrá prelación por su condición de mujer.

De modo que los criterios ni siquiera son funcionales al objetivo de priorizar a las personas con mayor vulnerabilidad.

El modelo tampoco permite establecer razonablemente la idoneidad intelectual. La entidad confiere hasta 25 puntos por los resultados en las Pruebas Saber, y hasta otros 25 por el promedio de notas en el bachillerato. Las primeras tienen la ventaja de que miden a todos los estudiantes del país bajo un mismo racero.

No obstante, se asigna el puntaje máximo por un resultado notoriamente bajo: 300 puntos. Por lo anterior, dos alumnos con rendimientos sustancialmente distintos obtienen la misma calificación, tanto el que consiguió 301, como el que alcanzó 430.

Por su parte, la valoración del promedio en el bachillerato no es una pauta razonable, teniendo en cuenta las profundas asimetrías en las exigencias de las instituciones educativas. Para los colegios más estrictos, la obtención de un promedio de 4.0 es un objetivo de difícil consecución, mientras que en otras instituciones el promedio suele estar por encima de 4.5. De modo que, bajo las pautas actuales, el mérito académico no solo no es el factor predominante, sino que, además, el esquema previsto para su valoración es manifiestamente inadecuado.

Gobiernos y organizaciones extranjeras depositan su confianza en el ICETEX, para que esta encuentre e identifique a los mejores becarios. Y lo hacen porque se trata de una entidad del Estado colombiano del orden nacional, en principio de carácter técnico y alejada de las dinámicas políticas y electorales.

Empero, bajo el esquema y el modelo que se ha venido implementando, esta misión no ha sido cumplida.

Así las cosas, la actual administración de Gustavo Petro no sólo se encuentra en deuda con los países y organizaciones que depositaron su confianza en la agencia colombiana que administra las becas extranjeras. También lo está con los miles de estudiantes que, de buena fe, participaron con la expectativa de hacer parte de un proceso transparente, objetivo y razonable.

(*) Estudió Derecho y Filosofía y una maestría en Derecho Constitucional; ex magistrada auxiliar de la Corte Constitucional por 10 años; interesada en temáticas nacionales e internacionales relacionadas con justicia y derechos humanos, con enfoque crítico, analítico e investigativo.