Cúcuta se sacude tras denuncia por presuntas irregularidades en contrato de acueducto
Cúcuta, Norte de Santander. – El contrato 030 de 2006 de la EIS Cúcuta S.A. E.S.P. quedó en el centro de una denuncia pública por una presunta cesión a la multinacional Veolia. Según los señalamientos conocidos, la operación se habría adelantado en medio de cuestionamientos jurídicos y sin claridad suficiente sobre su procedimiento.
La denuncia indicó que la posible cesión del contrato de operación del acueducto y alcantarillado de Cúcuta se habría gestado fuera de Norte de Santander, específicamente en una oficina ubicada en la carrera 11 A # 93-67 en Bogotá.
En ese inmueble, que según la versión divulgada pertenecería al empresario Darío Beltrán, se habrían reunido el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo; el gerente de la EIS, Diego Mora; y el directivo de residuos de Veolia, John Jairo Martínez.
Foto: Instalaciones del sistema de acueducto y alcantarillado de Cúcuta.
Contrato 030 de Cúcuta y presunta cesión
El contrato 030 de 2006 es el instrumento que regula la operación del acueducto y alcantarillado en Cúcuta. Se trata de un acuerdo clave para la prestación de un servicio público esencial que atiende a miles de usuarios en la capital de Norte de Santander.
De acuerdo con la denuncia, la cesión del contrato se estaría promoviendo bajo un procedimiento que podría vulnerar principios del régimen de contratación estatal, como la selección objetiva, la publicidad y la libre competencia.
La Ley 80 de 1993, que establece el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, señala que los contratos estatales deben ajustarse a principios de transparencia y responsabilidad (https://www.funcionpublica.gov.co). En ese marco, cualquier cesión contractual exige el cumplimiento de requisitos legales, técnicos y financieros.
La versión conocida sostiene que las reuniones relacionadas con el proceso se realizaron en Bogotá y no en Cúcuta, donde se presta el servicio. Este hecho ha sido mencionado como uno de los elementos que genera cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento.
Reuniones y cuestionamientos jurídicos
Según la denuncia, en el inmueble señalado se habrían sostenido encuentros entre funcionarios y representantes privados. No se ha informado oficialmente sobre el contenido de dichas reuniones ni sobre el estado formal del proceso de cesión.
El contrato 030 de 2006 regula la operación del sistema de acueducto y alcantarillado, por lo que cualquier modificación contractual podría tener efectos sobre la estructura operativa, las inversiones y las obligaciones de servicio.
Expertos en contratación pública han señalado en distintos análisis —como los abordados en www.ladob.info en temas de contratación estatal— que los procesos de cesión deben cumplir estrictamente los procedimientos previstos en la normativa vigente.
Entre los aspectos que deben revisarse en un proceso de cesión contractual se encuentran:
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Cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el contrato original.
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Verificación de la capacidad técnica y financiera del cesionario.
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Publicidad del procedimiento y control por parte de autoridades competentes.
La denuncia advierte que el procedimiento podría no estar garantizando estos elementos, aunque hasta el momento no se han conocido decisiones oficiales que confirmen la cesión.
Impacto en el servicio y solicitud de control
El servicio de acueducto y alcantarillado es considerado un servicio público esencial. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, su prestación debe garantizar eficiencia, continuidad y calidad.
Voces críticas han señalado que cualquier modificación contractual debe priorizar la estabilidad del servicio, la calidad del agua, el cumplimiento de inversiones pendientes y la protección del patrimonio público.
La denuncia pública solicitó la intervención de los entes de control para verificar la legalidad del proceso. En Colombia, organismos como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República tienen competencias para revisar actuaciones relacionadas con la gestión de recursos públicos.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la apertura de investigaciones formales ni sobre decisiones administrativas frente a la presunta cesión.
El contrato 030 de Cúcuta continúa vigente mientras no exista una modificación formal adoptada conforme a la ley. Cualquier decisión futura deberá ajustarse a los procedimientos establecidos en la normativa de contratación pública y a los principios que rigen la prestación de servicios públicos domiciliarios.
La evolución de este proceso podría tener implicaciones jurídicas, administrativas y operativas para la ciudad, en función de lo que determinen las autoridades competentes.
