Esta semana, el Consejo de Estado decidió suspender provisionalmente el decreto 0227 de 2023 con el cual el presidente Gustavo Petro asumía el control de la regulación de los servicios públicos en el país.
La posición del alto tribunal se dio como respuesta a una solicitud de medida cautelar de urgencia presentada por Julián David Solorza Martínez y Lucas Arboleda Henao.
Los accionantes pedían, precisamente, la suspensión provisional de los efectos jurídicos del decreto 0227 del 16 de febrero de 2023.
Frente a esta decisión, el presidente Gustavo Petro manifestó que respetará la decisión, pero agregó que insistirá, a través de recursos jurídicos, para que se levante esta suspensión.
“Mi gobierno respetará, como es lo básico en un estado de derecho, la decisión del magistrado Serrato de suspender mis funciones constitucionales respecto a los servicios públicos”, escribió en sus redes sociales este sábado el mandatario.
Y agregó: “Sin embargo, utilizaremos todos los recursos jurídicos que dispongamos ante el Consejo de Estado”.
De hecho este viernes ya se había pronunciado sobre el tema. Desde San Andrés, donde estuvo reunido con la comunidad, aseguró que están en discusión jurídica sus facultades constitucionales para regular y controlar los servicios públicos, algo que, agregó, “está escrito en la Constitución”. Y complementó que, “ahora parece que como Petro es el presidente, entonces no puede tener sus facultades constitucionales”.
